La relatora especial sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, y otros expertos de Naciones Unidas expresaron al Estado mexicano su “profunda preocupación” por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, el 19 de octubre del 2025, quien era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán. Indicaron que existe temor de que el crimen esté “directamente vinculado con su labor legítima” en defensa de las garantías fundamentales de los productores de limones.

En una comunicación enviada al Estado el 29 de diciembre de 2025, hecha pública ayer, subrayaron la importancia de una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente y transparente.

Los expertos se refirieron al contexto en Michoacán, donde “desde al menos 2013, grupos armados en el Valle de Apatzingán, ubicado en la región de Tierra Caliente, habrían impuesto controles sobre los precios de venta de limones y aguacate, la contratación de mano de obra y el uso de empacadores, exigiendo cuotas por kilo producido o vendido”.

Indicaron que el sector agrícola en la región ha denunciado “la inacción institucional y colusión de autoridades municipales o estatales con redes de intermediarios ligados al crimen organizado”. Recordaron que en septiembre y noviembre de 2024 dos dirigentes citrícolas fueron asesinados.

“Nos preocupa que la investigación (sobre Bernardo Bravo) realizada a la fecha pudiera no haber tenido suficientemente en cuenta el vínculo con su labor legítima en de fensa de los derechos humanos”, manifestaron los relatores especiales, entre ellos Morris Tidball-Binz, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Gina Romero, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Situación grave

Expusieron que ello se agrava por la información que han recibido, la cual indica que la víctima solicitó medidas de protección, mismas que recibió en 2024, pero que se redujeron significativamente al cabo de algunos meses.

En su respuesta de febrero pasado, el gobierno mexicano asegu-ró que el Ministerio Público ha desarrollado acciones de investigación orientadas al esclarecimiento de los hechos, incluyendo la intervención en el lugar de localización de la víctima, el procesamiento de la escena, la recolección y aseguramiento de indicios, así como la coordinación con corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno.