Durante los procesos de denuncia e investigación por desaparición de personas, los familiares siguen enfrentando omisiones, obstáculos y errores de las fiscalías, lo que “retrasa” las acciones para dar con el paradero de sus seres queridos. Colectivos señalaron que las dificultades inician desde que se acude a denunciar, ya que aún hay resistencias a abrir carpetas por este delito; también han documentado pérdida de expedientes y de muestras genéticas, así como falta de personal para acudir a las búsquedas.

“Lamentablemente, en esos momentos, cuando se da la desaparición, la mayoría de las familias no conocemos gran parte de nuestros derechos y las autoridades omiten realizar muchas diligencias como el análisis de contexto”, afirmó Martha Miranda Franco, madre de Javier de Jesús González, secuestrado y desaparecido el 28 de julio de 2020 en el puerto de Veracruz.

En entrevista, la también integrante del colectivo Rastros de Amor de Veracruz denunció que en su caso las autoridades han extraviado elementos importantes para la búsqueda de su hijo. “Me perdieron dos veces las tomas de muestras genéticas”, que son utilizadas para confrontas con cuerpos y restos óseos.

Indicó que frente a las dilaciones y fallas, a las familias les toca “estar arreando a fiscales e instituciones”.

Aparte, Neil Arias Vitinio, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, que acompaña al colectivo Luciérnaga, Una Luz en la Oscuridad, expuso que han documenta-do que las carpetas de investigación no siempre se inician por desaparición forzada, sino por privación de la libertad personal u otros delitos como robo de vehículos.

“Hay personas que se encuentran en calidad de desaparecidas y pues como iban en una moto o en su vehículo cuando sucedió, entonces las carpetas se han iniciado por robo”, lamentó.

Asimismo, advirtió que aunque se sabe que los primeros minutos y ho-ras tras la desaparición son elemen-tales, “los ministerios públicos no realizan actos de investigación”, como iniciar la geologalización o en-trevistas en el lugar de los hechos.

En Tlapa, dijo, aunque las carpetas se remitan a la Fiscalía especializada en Chilpancingo, tardan dos o tres meses en comenzar las diligencias.

Jaqueline Palmeros, de Una Luz en el Camino, indicó que si bien con la nueva administración en la fiscalía de la Ciudad de México ha habido cambios que favorecen las investigaciones, “les falta muchísimo por la falta de personal”.