En comisiones del Senado se aprobó ayer por unanimidad reformar el artículo 73 de la Constitución, con el fin de facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio.

Con ello, se busca que la Federación y los estados actúen con los mismos criterios y se eviten diferencias normativas, lo que asegurará que los feminicidios se investiguen y sancionen con un mismo estándar en todo el país.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena, señaló que sólo en los códigos penales de nueve estados se contemplan las mismas razones de género del tipo penal que se establece a nivel federal, mientras en el resto de las entidades hay diferencias aumentando o reduciendo las razones de género.

Recordó que estas últimas “son situaciones objetivas que pueden ser demostrables, verificables y que constituyen precisamente un elemento para decidir que se realizó feminicidio”.

La morenista puntualizó que las penalidades también varían. En gran parte del país, la sanción es de 40 a 70 años de prisión, mientras en Baja California, Coahuila y Michoacán se penaliza con 20 a 50 años de cárcel. En Chiapas va de 55 a 100 años.

Con una ley general estas diferencias llegarán a su fin y habrá las mismas sanciones aplicables en cualquier lugar del país. Además, se cumplirá con los estándares internacionales de los instrumentos que México ha suscrito en materia de feminicidio.

A su vez, la panista Laura Esquivel remarcó la necesidad de prever presupuesto para la reparación del daño y que los niños huérfanos de las víctimas de feminicidio tengan una pensión mensual, atención médica y sicológica, becas, protección especial en temas de tutela y custodia y apoyo para una vivienda digna y segura.

Agregó que cada feminicidio que no se investiga bien en el país es un mensaje de permiso para el siguiente. “Los feminicidios en México son una emergencia nacional”, aseveró.