México está sujeto al escrutinio de diversos comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que vigilan el cumplimiento de una serie de tratados internacionales, ratificados por el Estado mexicano.

Se trata de exámenes periódicos a nuestro país en temas como desaparición forzada, tortura, igualdad de género, discriminación racial y derechos indígenas, entre otros.

En éstos, se examina la situación en torno a esas temáticas a través de informes de la sociedad civil, respuestas del Estado mexicano y, de concretarse, visitas al territorio nacional por parte de cada comité.

Entre los comités que revisan –en diversas etapas– la situación de diversas violaciones a garantías fundamentales en el país están el Comité contra la Desaparición Forzada; el de Prevención y Sanción de la Tortura; de Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres; Discriminación Racional y Derechos Indígenas, así como de Trabajadores Migrantes y Familias.

El jueves pasado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU debido, entre otras cosas, a que “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”.