Las diferencias entre el gobierno de México y el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se profundizaron el jueves de la semana pasada tras el informe de esa instancia, arrastran un largo historial de desacuerdos que se han ido recrudeciendo en los últimos cuatro años.

Aunque en 2019, la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al CDF a realizar una visita in situ a México para verificar la situación en el país, las resoluciones de éste ocasionaron un distanciamiento en las posturas, que se reafirmó la semana pasada con la respuesta en la que México rechazó el informe del comité al señalar que “omitió” los avances en el tema que se han dado en años recientes.

En agosto de 2019, el gobierno de López Obrador reconoció “la crisis” en torno a las desapariciones en el país y, por primera ocasión, aceptó el alto número de fosas clandestinas y cuerpos localizados que se reportaban, por lo que se abrió al escrutinio internacional del CDF.

Sin embargo, las conclusiones preliminares de esa instancia de la ONU, presentadas en 2022, causaron las primeras diferencias con el gobierno de México.

El comité sostuvo que la delincuencia organizada era “el perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones de servidores públicos”.

Por ello, el organismo recomendó apostar por una política preventiva para enfrentar la causas estructurales de este delito y exhortó al gobierno mexicano “a abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública”.

Frente a ello, el entonces el presidente López Obrador advirtió que organismos como la ONU no podían poner a México en el banquillo de los acusados porque “ahora el Ejército tiene otro papel” y alegó que el gobierno construyó un programa de búsqueda de personas sin precedente.

El 12 de abril de 2022, en un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (SG) y Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que el gobierno mexicano recibía “respetuosamente, con el compromiso de implementar de buena fe”, las recomendaciones del informe sobre la visita a México del CDF.

Al siguiente día, López Obrador rechazó los señalamientos preliminares del organismo y afirmó que no actuaba con apego a la verdad. El punto central del diferendo se dio sobre la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, en relación a la intención del ex mandatario de que la Guardia Nacional dependiera del Ejército.

Tras seguir los procesos correspondientes dentro de la convención de la ONU en materia de desapariciones forzadas, el comité difundió el jueves de la semana pasada su informe final en torno a esos crímenes, en el que detalló que remitió “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

El gobierno de México, por conducto de la SRE y la SG, reaccionó de inmediato y rechazó ese informe, al calificarlo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”.