Apenas 6 por ciento de 7 mil 158 unidades habitacionales de interés social en la Ciudad de México cuentan con un administrador certificado que, entre otras atribuciones, se encarga de gestionar las cuotas de mantenimiento, según un estudio hecho por el Congreso capitalino.

El documento refiere que las autoridades centrales ni siquiera cuentan con un registro oficial de unidades habitacionales, lo que “debilita” su planeación y limita a las autoridades a atender de manera eficaz sus necesidades.

Con base en varios conteos el Poder Legislativo local, por conducto de la Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal, contabilizó 7 mil 158 unidades, donde podrían habitar al menos 3.5 millones de personas. En ese universo se detectaron diversos problemas, como el deterioro de la infraestructura y los servicios públicos, así como del tejido social, acompañado de conflictos vecinales, malas administraciones y falta de gestión comunitaria.

Se detectó que la principal queja es la invasión de áreas comunes, con 6 mil quejas en 2025, como convertir cajones de estacionamiento en talleres o bodegas, bloquear el tránsito en pasillos, apropiación de jardines y ruido excesivo.

El documento indica que estas problemáticas se deben, por un lado, a la antigüedad de gran parte de las unidades habitacionales, cuya infraestructura no ha sido actualizada para satisfacer las demandas actuales; además, la expansión urbana desordenada ha llevado a que algunas zonas carezcan de una planificación adecuada para el asentamiento de las viviendas y la provisión de servicios básicos.

“El problema central no es únicamente la falta de cifras coincidentes, sino la inexistencia de un instrumento que permita al Estado planear, priorizar y ejecutar políticas públicas dirigidas a la vivienda condominal. Dicho instrumento no debe limitarse únicamente a la cuantificación del número de unidades habitacionales, sino que debe permitir el monitoreo permanente de su situación, incluyendo variables como su ubicación geográfica, el número de viviendas que las integran, el año de construcción, el organismo financiador, si son de interés social o privado, así como sus condiciones generales de habitabilidad, entendidas como el estado de su infraestructura y el acceso efectivo a servicios públicos”.