La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su discrepancia respecto a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de solicitar que se lleve el asunto de los desaparecidos en México ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Arremetió contra algunas de las organizaciones civiles que enviaron información a esta instancia, ya que, señaló, están “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país”.

Enfatizó que en México la desa­parición forzada “ha dejado de ser política de Estado, como sí lo fue entre 1951 y 1990 y luego, de manera subrepticia y selectiva en complicidad con grupos delincuenciales, en los años de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’”. Los casos cometidos por autoridades federales, aseguró, han venido descendiendo desde 2018, “hasta prácticamente desaparecer”.

En un comunicado, indicó que la determinación del CDF carece no sólo de sustento y análisis histórico, sino que propone reproducir dinámicas de una supuesta “colaboración internacional que en el pasado se impulsaban y no condujeron a una mejora real en materia de derechos humanos”.

Se trata, insistió, “de las mismas fallidas recetas desde el exterior que ya hemos experimentado, sin entendimiento de nuestra realidad y sin sensibilidad a los avances reales que se han tenido, que en su momento el gobierno federal y esta CNDH comunicaron” al CDF.

Apuntó que mientras existen otros escenarios en el plano internacional donde los organismos mul­tilaterales “parecen no tener la más mínima injerencia”, a pesar de que lo que está en juego es la estabilidad y paz globales, “tal pareciera que éstos buscan cobrar relevancia, colocando en el centro de su quehacer la situación de países como México que tratan de lidiar con las herencias de una violencia que por años imperó sin que la comunidad internacional tomara cartas en el asunto”.

Esfuerzos institucionales

Expuso que para considerar legítima la participación del CDF en el país, debían haberse agotado primero las instancias nacionales. Además de que, “en lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos siete años, (el Comité) optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez)”.

Indicó que en su informe dicha organización “cuestionó sin más los cambios legales e institucionales que se dieron en los últimos meses, los que, según él ‘no son suficientes’”.

La CNDH consideró que el comité “se contradice”, pues en varias ocasiones ha sostenido que la llamada “guerra contra el narcotráfico”, impulsada por ex presidente Felipe Calderón tuvo una estrecha correlación con la situación de las desapariciones forzadas desde 2006.

Pero en su último comunicado, ahondó, menciona que “aun cuando dicha política ha dado lugar a violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y a delitos graves contra gran parte de la población civil, el comité no encuentra indicios fundados de que el enfoque militarizado de la seguridad pública pueda equipararse en sí mismo a una política federal que implique necesaria e intencionalmente la comisión de desapariciones forzadas”, lo que parece ser “una suerte de minimización de las erráticas políticas de seguridad del pasado”.