En el camino hacia la justicia, las familias de víctimas de desapariciones y asesinatos no sólo tienen que luchar para que las autoridades investiguen y castiguen a los responsables, sino también para alcanzar la reparación del daño y que se les ofrezcan disculpas públicas, dependiendo el caso. Un proceso que frecuentemente puede tomar varios años aun con sentencias firmes que así lo ordenen. Las dilaciones llevan, a veces, a que el reconocimiento se haga en momentos en que los familiares arrastran ya un profundo desgaste físico y emocional.

Es el caso de Armando del Bosque, desaparecido y asesinado en 2013 en Nuevo León. Su padre, Humberto del Bosque, logró que en 2022 se sentenciara a nueve años y cuatro meses de prisión a un capitán de la Secretaría de Marina (Semar) y tres de sus elementos por la desaparición forzada de su hijo. Aunque entonces se ordenó la reparación del daño y que recibiera una disculpa pública, cuatro años después aún no ha ocurrido.

El problema, relata Humberto en entrevista, es que en primera instancia este retraso obedeció a que los marinos detenidos interpusieron amparos “con recursos públicos” para intentar obtener su libertad. Posteriormente, no se ha concretado por la dilación de las autoridades federales para ofrecer la disculpa.

Es un proceso que ya ha transcurrido poco más de 12 años, lapso en el que Humberto tuvo que cambiarse de casa y dejar su trabajo. La situación se complicó en julio de 2025, cuando le diagnosticaron cáncer de esófago.

Esta condición, que ha deteriorado su salud, lo obligó a permanecer en cama y ahora ha tenido que postergar la fecha para que se lleve a cabo el acto en que las autoridades federales y los elementos de la Semar admitan que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de su hijo y de su familia.

“No se ha realizado porque he estado muy enfermo…Pero aún así, aunque vaya en una ambulancia lo haré”, expresa. “Exijo respeto a la verdad histórica de los hechos…que acepten tal cual lo que pasó con mi hijo”, enfatiza.

Las evidencias recabadas acreditan que Armando, quien tenía 32 años de edad, fue detenido de manera arbitraria en el municipio de Anáhuac por elementos de la Semar, y dos meses después fueron hallados sus restos en un rancho ubicado a 8 kilómetros de la base de operaciones naval, según la indagatoria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por lo cual emitió la recomendación 11/2016.

De enero de 2025 a la fecha, se han registrado al menos cinco disculpas públicas de autoridades locales y federales por desaparición o asesinatos. Los actos de reconocimiento de responsabilidad se realizaron entre uno y cinco años después de que se ordenaron por recomendaciones de comisiones nacionales, estatales e internacionales de derechos humanos.

Uno de estos casos tiene que ver con la desaparición forzada de ocho elementos de la policía municipal de Úrsulo Galván en 2013, por el cual el gobierno del estado de Veracruz pidió perdón en agosto de 2025 en cumplimiento a una recomendación emitida por la CNDH en 2019.

Igual en agosto de 2025, el Estado mexicano ofreció disculpas públicas por la desaparición forzada de Yonathan Mendoza el 11 de diciembre de 2013 en Veracruz, en la que participaron efectivos estatales y de la Semar. El reconocimiento se hizo tras una resolución del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en marzo de 2023.

En el caso más reciente, el 22 de enero de 2026, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, pidió perdón a la familia de un hombre que murió debido al uso excesivo de la fuerza de policías locales en enero de 2020.