Debido a que los umbrales y criterios para declarar la sequía o las inundaciones son arbitrarios en la mayoría de las casos, surgen desastres más graves porque no están vinculados a los impactos específicos en sectores claves de la economía, señaló Carmen Carmona Lara, experta en derecho, sociedad y ambiente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Esto es resultado de una deficiente o incompleta interpretación de los conceptos de ambos fenómenos, así como en la formulación de definiciones y la vaguedad de éstas”, lo cual favorece interpretaciones distintas al minimizar una inundación a un “gran encharcamiento”, como ha ocurrido con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Durante la ponencia en el seminario permanente Derecho del cambio climático y gobernanza, Carmona Lara criticó que no hay normas claras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para declarar uno de estos dos fenómenos, y entonces el impacto depende de un decreto desde la Presidencia de la República.

El gran problema en México, alertó la especialista, es el rezago en infraestructura para el control de inundaciones, producto del déficit acumulado de inversión y una red de drenaje superada por el crecimiento urbano y el cambio climático.

Señaló que existen estudios en los que se estima que México requiere una inversión anual cercana a 100 mil millones de pesos para cumplir con metas de seguridad hídrica y eficiencia hacia 2030. Sin embargo, dijo, la inversión real ha estado por debajo de estas cifras, pues en 2024 se destinaron sólo 35 mil millones.

Otro ejemplo, añadió, es que en ciudades como la CDMX el sistema de drenaje profundo opera al límite de su capacidad, por lo que en 2025 las lluvias ocasionaron presiones excesivas en colectores provocando más de 80 socavones.