as autoridades mexicanas rechazaron un informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), al que califican de “tendencioso y falto de rigor jurídico”. El gobierno federal reclama que no se tomaron en cuenta “las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019, y en particular desde 2025”.
Esta reacción se da después de que el CED determinara solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita urgentemente a la Asamblea General el caso de las desapariciones forzadas en México por considerar que dispone de “indicios bien fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad; es decir, con apoyo directo o indirecto “de actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado”.
No obstante, al mismo tiempo el comité precisó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas –ya sea mediante acción u omisión deliberada– en el sentido del Estatuto de Roma. Este matiz es muy relevante, pues dicho código provee una definición muy acotada de la desaparición forzada por la cual se entenderá, dice, “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
El Estatuto es muy claro: para el derecho internacional, sólo puede clasificarse como desaparición forzada un acto perpetrado por el Estado, aunque sus grados de participación varíen. Al admitir que no se cumple esta condición, quienes pretenden someter a México a una tutela externa generan una fuerte sospecha de que detrás de la solicitud hay intenciones e intereses que no se atreven a hacer públicos. También se deja ver la tendencia ya exhibida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización, de los Estados Americanos, de movilizarse para golpetear a las administraciones progresistas por actos de violencia de Estado ocurridos en el periodo neoliberal.
El problema con este golpeteo diplomático no es que desprestigie a las autoridades mexicanas, ni siquiera que proporcione munición a los propagadores de desinformación dentro de México: lo deplorable estriba en que resta credibilidad al sistema de Naciones Unidas cuando el organismo más necesita recobrar protagonismo frente al ascenso del totalitarismo en Estados Unidos e Israel; el regreso del armamentismo en Europa en general y Alemania en particular; el auge del negacionismo climático; el desmantelamiento de la libertad de expresión en Occidente; la recesión global que Washington está gestando en el golfo Pérsico, entre otras crisis que ameritan la atención urgente de la comunidad internacional.
Asimismo, es desolador que la ONU se preste a maniobras que facilitan el injerencismo y la implantación de la Doctrina Monroe por parte del presidente estadunidense Donald Trump, quien usa cualquier pretexto para alentar la intervención militar de Washington en nuestro país.
Cabe esperar que Guterres tenga la sensatez para rehusarse a participar en este juego perverso y que, por el contrario, enfoque los esfuerzos del organismo en asuntos como los referidos.
