La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para garantizar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a una vivienda adecuada, y que esa categoría de espacios habitacionales incluya también a grupos sociales desfavorecidos o marginados.

El dictamen, que reforma el artículo 34 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue presentado por la diputada morenista María del Rosario Orozco, quien argumentó que el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 4 de la Constitución, debe tener en cuenta las necesidades especiales de los colectivos que se encuentran más desprotegidos.

“Sin lugar a duda, los grupos más vulnerables requieren una protección constitucional reforzada y, en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas”, enfatizó la legisladora poblana.

En ese sentido, dijo, “el derecho fundamental a la vivienda adecuada, o digna y decorosa, protege a todas las personas, y por lo tanto, no debe ser excluyente”. Como estableció el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dijo, esa garantía “no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo”.

En línea con la reforma de la presidenta Sheinbaum

Orozco recordó que, tal como lo establece la reforma a la Ley de Vienda enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum –que se avaló en el pleno de San Lázaro el 24 de marzo–, para que una vivienda se considere adecuada debe cumplir con siete características básicas: seguridad, servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación cercana a servicios y adecuación cultural.

En ese sentido, recalcó que la vivienda “tampoco podrá considerarse adecuada si no cuenta con accesibilidad y si no se toman en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados”.

Orozco agregó que la enmienda propuesta por el Ejecutivo en materia de vivienda implicaba la armonización de diversas normas secundarias, y en ese marco se inscribe esta reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.