Los casos en los que basa su informe el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) se suscitaron en el periodo 2009-2017, particularmente en cuatro estados: Coahuila, Nayarit y Veracruz, entonces gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Jalisco, por los restos hallados en el Rancho Izaguirre, bajo la administración de Movimiento Ciudadano.

Lo anterior es un apunte que el gobierno federal expuso en su respuesta oficial, que envió en septiembre pasado a dicho comité.

En el documento de la administración mexicana, que fue hecho público ayer, el Estado afirmó que dichos casos demuestran que “los alegatos se refieren a coyunturas del pasado y no son representativas de las políticas públicas ni de las prácticas institucionales vigentes en México”.

Algunas organizaciones civiles han documentado que en estas cuatro entidades existió una prevalencia de casos de desapariciones. En Coahuila, por ejemplo, encontraron que entre 2009 y 2016 –con los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira– Los Zetas e integrantes de las fuerzas de seguridad estatales fueron los presuntos autores de “crímenes contra la humanidad”, como desapariciones forzadas, asesinatos y tortura.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en ese estado se reportan 3 mil 683 casos, de los cuales más de 60 por ciento corresponden a esos años.

En ese periodo estuvieron al frente de la Fiscalía General del estado Jesús Torres Charles, quien fue señalado de encabezar una red de protección a Los Zetas, según una investigación de la entonces Procuraduría General de la República (extinta en 2019), y Homero Ramos Gloria, quien en 2012 estuvo a cargo de las pesquisas por las desapariciones masivas en el municipio de Allende.

Respecto a Nayarit, las organizaciones civiles han señalado que entre 2011 y 2017 el entonces gobernador priísta Roberto Sandoval y el fiscal local Edgar Veytia –ambos procesados por vínculos con grupos delictivos– crearon “una estructura criminal” en la entidad operada por la fiscalía, “mediante la cual se cometieron numerosos crímenes, incluyendo homicidios, tortura, despojos y desapariciones forzadas”. Las cifras del registro nacional arrojan que en esos años se tienen reportados 309 desaparecidos.

Sobre Veracruz, agrupaciones de la sociedad civil han denunciado que la violencia y la comisión del delito de desapariciones forzadas tuvo un auge entre 2010 y 2016, cuando gobernaba Javier Duarte de Ochoa, priísta detenido y bajo proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa. Durante su administración, han referido las ONG, “autoridades estatales fueron acusadas de cometer numerosas violaciones de derechos humanos, además de colusión entre el crimen organizado y funcionarios estatales”.

El Registro Nacional señala que de los 7 mil 138 casos de desaparecidos reportados en territorio veracruzano, 41.7 por ciento se suscitaron en el gobierno de Duarte. En ese periodo, el fiscal fue Luis Ángel Bravo Contreras, detenido en 2018 por desaparición forzada, pero actualmente enfrenta su proceso en libertad.

En cuanto a Jalisco, las organizaciones destacaron el caso del Rancho Izaguirre, hallado en marzo de 2025 en Teuchitlán, en donde el crimen organizado reclutaba a jóvenes en contra de su voluntad a través de engaños, como falsas ofertas de empleo. Indicaron que dentro de las personas implicadas ya detenidas se encuentran tres mandos de la policía municipal de Tala.

Refirieron que las familias buscadoras han denunciado el cúmulo de graves omisiones de la fiscalía jalisciense, a cargo de Salvador González, “que hacen sospechar de una posible colusión con el crimen organizado, dada la falta de voluntad para investigar los hechos”.