El conflicto con la empresa estadunidense Vulcan Materials (antes Calica) y el gobierno mexicano se remonta a 2018, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente la mina de piedra caliza, cuya explotación causó “daño irreparable” en la Riviera Maya de Quintana Roo.

Los predios El Corchalito y La Adelita fueron clausurados debido a que estaban ubicados en áreas donde no están permitidas las actividades minera, industrial o turística.

Ante ello, la mayor productora de materiales de construcción de Estados Unidos empezó un arbitraje internacional contra México en el marco del TLCAN (ahora T-MEC) en 2019, para reclamar 500 millones de dólares al Estado mexicano, pues consideró que se provocaron pérdidas sustanciales.

Explotación desde 1986 en asociación con ICA

Las operaciones de Vulcan en la mina no son recientes, sino que se remontan a 1986, cuando en asociación con la firma mexicana ICA se le otorgaron los primeros permisos para la explotación de piedra caliza en la zona de la Riviera Maya. Con ello comenzó la operación de Calica (Calizas Industriales de Playa del Carmen). En 2001, Vulcan compró la parte de ICA, por lo que es el único actor.

En 2022, la mina Sac-Tun, como fue renombrada, y el muelle de Punta Venado en Playa del Carmen fueron clausurados y ocupados, acción que Vulcan consideró ilegal. También se revocó el permiso aduanal para exportar en el puerto Punta Venado.

En la pasada administración federal se consideró que la extracción de roca caliza por más de 30 años, para exportarla a Estados Unidos, causó “el mayor desastre ecológico” en la zona y un “daño irreversible”.

Se estima que la firma exportaba por barco 3 mil 500 toneladas de roca caliza semanalmente, lo que afectó gravemente el manto freático de la zona y provocó la destrucción de cenotes y pérdida de cobertura forestal.

Según la Semarnat, el “costo social” para restaurar la zona impactada por la explotación de Calica ascendía a 34 mil 650 millones 986 mil 364 pesos hasta noviembre de 2022.

En 2023, el gobierno mexicano respondió que el arbitraje era improcedente, porque la firma estadunidense actuó de mala fe al ocultar el tiempo y el volumen que realmente buscaba extraer de material pétreo, omitir la obtención de los permisos necesarios y explotar piedra caliza más allá de las manifestaciones que hizo en sus solicitudes, entre otros puntos.

En 2024, un decreto declaró la zona área natural protegida, lo cual impidió definitivamente la minería en el predio. Aunque el gobierno federal ofreció soluciones, Vulcan Materials se ha negado a recibir compensaciones y mantiene su disputa legal.