Buenos Aires., En el ojo de la tormenta por casos insostenibles de corrupción, que comprometen no sólo al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, sino a una cantidad cada vez mayor de funcionarios, lo que ya es inocultable en los medios de comunicación afines, el gobierno recibió un nuevo golpe ante el anuncio de que la justicia suspendió provisionalmente más de 80 artículos de la reforma laboral que impulsó el oficialismo, en respuesta a una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT), lo que de momento frena una parte importante de la legislación de modernización en la materia aprobada en febrero pasado.

El juzgado del trabajo advirtió que varios artículos de la reforma laboral significan una posible “afectación de derechos constitucionales”, y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores, y ordenó suspenderlos hasta que se dicte sentencia definitiva.

Además, la medida judicial sostiene que la CGT “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados”, vinculados con los “derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga”.

No es la única medida cautelar que se presenta ante la justicia, ya que figura una solicitud del Colegio de Abogados y otras entidades basadas en fundamentos difíciles de eludir para muchos de los jueces del llamado Partido Judicial, que desde el gobierno de Mauricio Macri (2007-2015) surgió de la infiltración de las estructuras judiciales locales, con el apoyo de la embajada de Estados Unidos.

También se preparan aceleradamente presentaciones ante la justicia por la decisión de Milei, que al acompañar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán involucra a la Argentina en un conflicto bélico, ajeno a la voluntad popular de este país.

Esto sucede cuando el gobierno de Milei impidió a 99 por ciento de representantes de organismos políticos, sociales y personalidades presentarse ante la Cámara de Diputados para argumentar sobre la violación de la soberanía nacional, que supone la imposición de la llamada ley de glaciares, que deja en manos de empresas estadunidenses y otras extranjeras el control del agua potable que debía abastecer al país en el futuro y permite la entrada de compañías mineras extranjeras que podrían convertir en desiertos zonas riquísimas en el sur del país.

También significa la “desaparición forzada” de comunidades indígenas a las que ya les han arrebatado los derechos logrados en una larga lucha de sobrevivencia en sus territorios, no sólo en la Patagonia, sino en todas las zonas cordilleranas, donde se persigue a mapuches y otras etnias a las que el Ministerio de Seguridad califica de “terroristas”.

En medio de esta situación y la crisis social, Milei ha firmado acuerdos con Israel para “fortalecer” supuestamente “sus lazos estratégicos”, que además de abarcar cooperación o “sumisión” en temas como seguridad y defensa, son gravísimos para la soberanía y la independencia nacional.

Varios de ellos ya habían sido firmados por el presidente argentino y el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, en junio pasado para la instalación como residentes de 200 mil colonos de Israel, que ahora aumentó a 300 mil; una buena parte ya están aquí para vivir en la Patagonia.

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