éxico avanza hacia una democracia menos cara en las entidades federativas y en los municipios, conquista de la reforma electoral en el llamado plan B, pero se mantiene como una asignatura pendiente en el ámbito federal. En su momento, con el formato que fuere, ese objetivo tendrá que ser retomado porque ha sido una demanda añeja del pueblo de México. Una democracia efectiva no tiene por qué ser necesariamente onerosa para los contribuyentes y para la ciudadanía en general.
La marcha de México hacia el sufragio efectivo y la representación genuina de la voluntad popular ha sido larga, sinuosa y complicada. Pasar de un sistema de partido hegemónico a un sistema competitivo con alternancia política, una democracia ciudadana plural y civilizada, implicó un enorme ejercicio de concertación y suma de esfuerzos, por décadas, entre las distintas fuerzas políticas. Para la mayoría de especialistas en la materia ha habido cinco generaciones en materia electoral y la sexta está iniciada, pero inacabada.
Para decirlo de la manera más esquemática posible, la primera generación de reformas electorales, cuyo objetivo fue pavimentar el camino para la representación plural en las cámaras legislativas federales, inició en 1963, con la introducción de la figura de los diputados de partido. Bajo este esquema, los partidos que alcanzaban 2.5 por ciento de la votación nacional, tenían derecho a cinco diputados, y uno más por cada 0.5 por ciento adicional en la votación. Con la reforma política de 1977 se creó la figura de los diputados de representación proporcional: 100 diputados, más 300 de mayoría relativa.
En 1990 comenzó la segunda generación de reformas electorales, luego de la controvertida elección presidencial de 1988, en donde formalmente ganó Carlos Salinas, candidato del PRI, pero Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, obtuvo una elevada votación, y por las múltiples irregularidades registradas para muchos analistas nunca quedó claro quién fue el real triunfador de la contienda. El objetivo de esta segunda generación de reformas, la de 1990 y la de 1993, fue crear condiciones menos inequitativas en los procesos electorales, en presupuesto público, acceso a medios de comunicación y uso del gasto público.
La reforma electoral de 1996 fue la más representativa de la tercera generación de reformas electorales, cuyo objetivo fue dar autonomía plena al órgano electoral ejecutivo, el Instituto Federal Electoral (IFE), y adscribir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para dotar de poder jurisdiccional total al órgano encargado de dirimir las controversias electorales.
Las reformas electorales de 2007 y 2014 constituyeron la cuarta generación de reformas, cuyo objetivo fue centralizar, homologar y nacionalizar los principios, criterios y órganos que rigen los procesos electorales en todo el país.
Con la reforma de 2007, además de prohibir las campañas sucias y la contratación directa de propaganda por partidos y cámaras empresariales, se contempló por primera vez que el IFE pudiera conducir un proceso electoral local, previo acuerdo con los órganos electorales estatales. De manera más clara, la reforma de 2014 creó al INE y lo dotó de facultades para definir las reglas del juego, conducir y preservar la legalidad en los procesos federales, estatales y municipales.
La quinta generación de reformas electorales, que incluye la propia reforma electoral de 2014 y la reforma de 2019, se refiere a la garantía de la equidad de género, primero en procesos federales, y luego en cargos federales, estatales y municipales, además en los tres poderes del Estado; equidad de género en todo, para que cuando menos la mitad de las candidaturas a cargos electivos y la mitad de puestos administrativos directivos, sean desempeñados por mujeres.
La sexta generación de reformas electorales está en proceso, pero a la mitad del camino, cuando pudo haberse cubierto ya totalmente esa asignatura si hubiera habido consensos y altura de miras en todos los actores políticos, en la discusión del plan A de la pasada reforma electoral: una democracia efectiva y menos cara en el ámbito federal, y no sólo en el estatal y municipal, con un techo al presupuesto de los congresos locales y un número máximo de 15 regidores en los ayuntamientos, como ya se aprobó en el Senado de la República la semana pasada. Ya hubo también un avance en el ámbito federal, con la reducción de los ingresos y prestaciones en cargos directivos del INE y en los tribunales electorales, pero falta lo relativo al financiamiento de los partidos políticos.
Decimos que la democracia mexicana es cara porque un análisis comparativo del presupuesto asignado a sistemas electorales en países latinoamericanos, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, reveló que el sistema electoral mexicano es el segundo más caro del subcontinente: tiene un costo per cápita de 386 pesos, sólo después de Costa Rica, que tiene un costo per cápita de 538 pesos mexicanos.
Ya desde la década de los 90, The Brookings Institution, colocaba a México como el país con elecciones más costosas a nivel Latinoamérica, y uno de los cinco a nivel mundial, sólo después de Austria, Francia, Suecia e Israel.
En suma, sin demeritar los avances alcanzados en la reducción del costo de la democracia mexicana, el proceso tiene que profundizarse. Cualquier estudio de opinión revela que es una demanda de la sociedad mexicana, como también lo es fortalecer a las instituciones que sostienen al edificio de la República: la democracia tiene que ser efectiva y no tiene por qué ser onerosa.
