San Quintín, BC., Calles sin pavimentar, sin alumbrado ni transporte público; casas sin luz, agua ni drenaje, con fosa séptica o letrina... “parques” de tierra, sin árboles, sin columpios. Es la pobreza árida del desierto. El paisaje no tiene relación con el dato de que aquí viven los trabajadores agrícolas con los mejores salarios del país, sólo porque el mínimo fronterizo es de 420 pesos.

Tampoco lo tiene con la tecnificación de sus grandes campos agrícolas, con las estructuras de malla sombra, los sistemas de riego por goteo alimentado con 90 plantas desaladoras, las suculentas berries que se cosechan, los más de 10 mil millones de pesos anuales que vale la producción que aquí se levanta.

Ni siquiera tiene relación con el resto del paisaje de Baja California. La pobreza en el estado, según el último censo, alcanza a 13.4 por ciento de la población; en San Quintín, a 34.9, casi tres veces más.

En el estado, 10 por ciento de la población (en promedio) no tiene acceso a una alimentación nutritiva, en San Quintín el indicador se eleva a 20 por ciento; 19 por ciento de las calles del estado no tienen siquiera un recubrimiento, aquí son 89 por ciento... y así.

San Quintín limita al norte con el municipio de Ensenada y al sur con Mulegé, Baja California Sur. Sus colonos están asentados a lo largo de los 90 kilómetros que corren de Camalú a El Rosario, a los costados de la carretera Transpeninsular. Estrecha, de dos carriles, es la única vialidad. Aquí no se conocen calles pavimentadas, periféricos, circuitos, pasos a desnivel. Cuando llueve, hasta que se “ahoga” el este del pueblo y el agua rebasa la carretera, puede seguir su curso hasta la bahía.

“Lo que puedo decir es que no hay una sola colonia con todos los servicios: drenaje, agua potable, electricidad, alumbrado público, pavimento”, asegura la presidenta municipal, Miriam Cano.

No saben leer 10.9% de los habitantes

El gobierno federal hizo una encuesta en 30 mil viviendas para diseñar el Plan de Justicia para San Quintín. Ahí encontró que 10.9 por ciento de los habitantes no saben leer, 12.1 por ciento no puede escribir, 16.5 no saben usar celular, ni la computadora, 73.8 por ciento. De hecho, muchos indicadores de pobreza del municipio son más parecidos, incluso más altos, que los de muchos municipios de Chiapas.

Sólo 20 por ciento de la población –censada para elaborar el Plan de Justicia– tiene acceso todos los días al agua; 40.6, cada dos o tres días; 36 por ciento, una vez por semana, y 4.7, cada 15 días. Cada mes, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, de la que todavía dependen, publica en su portal de Internet los detalles del tandeo para los siguientes 30 días.

Eso es para los que tienen agua, porque gran cantidad de colonias no carecen de la infraestructura para que les llegue, porque tampoco hay agua. La que hay está acaparada por los dueños de los pozos, que se la venden quien no tiene. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su última visita que se construirá una planta desaladora para proveer del liquido a quienes no cuentan con él. Para construirla, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está cambiando el cableado de las torres que llegan al sur del estado; los actuales no soportan más carga.

El tendido no tiene capacidad para llevar más energía ni para la gente ni para una desaladora. La energía sólo alcanza para que funcionen las plantas desaladoras de los campos, necesarias para sostener la producción.

En San Quintín todo parece estar por hacerse. Constituido como municipio en 2020, el año pasado eligieron a su primera edil, Miriam Cano. Antes era parte del municipio de Ensenada, con la cabecera a casi 200 kilómetros. También los médicos, las medicinas, las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), las dependencias federales, estatales y municipales.

Una de las cosas que incluye el Plan de Justicia es un “centro integrador”, donde habrá –en teoría– oficinas de las dependencias (federales) para que la gente no tenga que ir a Ensenada por un acta de nacimiento o un alta en el SAT. Muchos jornaleros indígenas no se dan de alta en el SAT –indispensable para cotizar al IMSS– porque perderían más de un día de trabajo y hay que gastar en pasajes para librar las tres horas y media (a veces cuatro, por el tráfico) de recorrido en autobús entre San Quintín y Ensenada.

La falta de infraestructura no es responsabilidad de los dueños de los campos agrícolas, dice Alberto Leree, quien fue fundador del Consejo Agrícola de Baja California, que agrupa a los grandes productores. Recordó que en 2015, cuando los jornaleros abandonaron los campos y se movilizaron exigiendo mejores condiciones de vida, el entonces subsecretario de Gobernación (de Enrique Peña Nieto) Luis Miranda le dijo al gobernador Francisco Kiko Vega –en una mesa donde el empresario también estaba– que el conflicto se podía resolver con 4 mil millones de pesos, que la Federación ponía la mitad y el estado pusiera la otra parte.

“Kiko Vega no aceptó”, dijo que no tenía dinero, recordó. Y es que el movimiento se fraguó en las colonias –no en los centros de trabajo–, donde las familias gastaban más de 130 pesos (un día de jornal entonces) para comprar agua y llenar un tambo que les duraba menos de una semana. Originalmente fue la falta de agua lo que los organizó. Después se rebelaron no sólo contra la manera en que tenían que vivir, sino contra las condiciones de trabajo.

“El PAN se opuso a que fuera demarcación”

“Hay un componente racista en la manera en que el Partido Acción Nacional (PAN) trató a San Quintín”, dice un político local. Recordó que el blanquiazul se negó sistemáticamente a que fuera municipio y, cuando alguien insistió a uno de los gobernadores –el PAN gobernó de 1989 a 2019–, su respuesta fue: “¿para qué queremos un alcalde oaxaquita?” en Baja California.

Miriam Cano, la edil postulada por Morena, dice que hace algunos meses una funcionaria federal la miró feo cuando ella lo advirtió.

“Pero hoy día el principal problema para los jornaleros es que de nada les sirve ganarse 8 mil pesos a la semana partiéndose el lomo, si llegan a su casa y no hay luz, no hay agua, no hay drenaje y no hay calles, no hay alumbrado público y no hay más que aspirinas en el Seguro... se gasta mucho en salud, en utilizar el celular; en el transporte, 50 pesos por niño para que vaya a la escuela; un tambo de agua salada... hasta mil 800 pesos la pipa de agua: claro que se les va el dinero. Es una grosería el precio del agua”.

Aquí la gente saca adelante a sus hijos universitarios con velas. “A los muchachos del bachillerato sólo hay que verles las manos –ella les dio clases–. Pizcan calabaza, ejote, chícharo, fresa... vienen del campo y lograron educación, pero sus colonias siguen sin agua, sin luz... también por falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, porque alguien les vendió barato un terreno ejidal, sin papeles.

“Los ranchos han resuelto sus problemas de agua con pozos y desaladoras. Imagínate el coraje que sienten los jornaleros cuando ven que hay agua para los cultivos, pero no para sus casas, para lavar trastes, bañarse o cocinar”.