La mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México emitió una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, presidida por la panista Daniela Álvarez, para que se aprueben 11 reformas cuyo plazo de dictaminación ha expirado.

Son modificaciones de orden constitucional para aprobar, entre otras, el sistema de cuidados, el sistema de transparencia tras la eliminación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info).

También está una reforma para que la consulta sobre presupuesto participativo se realice el mismo día de la jornada electoral, y otra sobre el combate a las chelerías.

Otra de las comisiones que tiene pendientes varios proyectos de dictamen es la de Administración y Procuración de Justicia, que preside el morenista Alberto Martínez Urincho, y que, de acuerdo con su informe, tiene 85 iniciativas en proceso de dictaminación, de las cuales sólo ha presentado siete. En este caso, la mesa directiva no ha emitido ninguna excitativa.

Aun cuando la ley obliga a los presidentes de comisiones a sesionar al menos una vez al mes, la comisión de Martínez no reportó ni una sesión en enero.

De acuerdo con el reglamento del Congreso local, el dictamen debe ser aprobado en un máximo de 45 días a partir de la recepción formal del asunto, salvo una prórroga aprobada por el pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional de la misma duración.

Si el plazo y/o prórroga no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el pleno, “el asunto en cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite”.

El artículo 261 del reglamento indica que los diputados que no cumplan con los tiempos establecidos para la elaboración del dictamen serán sujetos a amonestación, tras ser escuchados por la mesa directiva. La medida aplica también cuando no se convoque a sesiones o cuando se incumpla con la elaboración de un proyecto de dictamen.