La reducción paulatina de 15 por ciento en el presupuesto del Senado, establecida en la reforma electoral, entrará en vigor en 2027, pero desde este año puso en marcha un programa de austeridad y racionalidad, que incluye cerrar la contratación de plazas y reducir al máximo los gastos administrativos.

Del presupuesto de este año, que es de 5 mil 100 millones de pesos, poco más de 3 mil millones anuales se destinan al pago de remuneraciones de los 128 senadores, funcionarios de nivel alto y medio y personal de base, de confianza y por honorarios.

Cerca de 2 mil millones de pesos son para “apoyo a los grupos parlamentarios y los otros gastos de la Cámara”, que no se tocarán, porque los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2026 proponen ahorros “preferentemente en el gasto corriente”.

Se plantea no abrir más plazas, aunque del año pasado a la fecha, su número total se incrementó de 2 mil 772 a 2 mil 876 (104 más), la mayoría para personal administrativo que labora por honorarios.

El mayor costo lo representan trabajadores que realizan tareas legislativas y en comisiones, entre los que se encuentran 128 asesores y secretarios técnicos contratados por honorarios y que representan este año al Senado una erogación anual de 777 millones 76 mil pesos.

Le siguen 637 trabajadores operativos de base, con 613 millones 565 mil 800 pesos, y 505 mandos medios y superiores, cuyas remuneraciones representan 607 millones 19 mil 900 pesos anuales.

En el primer periodo de sesiones, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 se crearon 104 nuevas plazas, en su mayor parte de personal del área administrativa contratado por honorarios. Su número se elevó de 567 a 659 de 2025 a la fecha.

Además de no contratar más plazas, se propone “reducir al mínimo indispensable” los gastos de materiales y suministros, así como adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina y contrataciones de asesorías, consultorías e investigaciones con fines administrativos.

Se restringe al máximo el servicio de fotocopiado, a fin de ahorrar papel y privilegiar la consulta de dictámenes, la Gaceta Parlamentaria y otras publicaciones por vía digital. Se recortan también las ediciones y coediciones de libros, publicaciones, revistas y demás material impreso, promovido por grupos parlamentarios o legisladores.

Se racionaliza el uso del teléfono, servicio eléctrico y agua y se deberá reducir la erogación para comunicación social y el Canal del Congreso, “sin afectar la difusión del trabajo legislativo”.

La reforma electoral por votarse en el Senado señala que el presupuesto de 5 mil 100 millones de pesos “se ajustará de forma progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes” hasta llegar a 15 por ciento, lo cual no podrá afectar los derechos de los trabajadores.