La mayoría de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), cuyo presupuesto depende de la autorización de los congresos estatales, continúan con problemas para afrontar incluso sus gastos básicos.

El más reciente informe, con corte al 13 de marzo pasado, detalla las dificultades para conseguir dinero, no sólo para organizar comicios, sino incluso para pagar su nómina.

En un riesgo alto, por la cantidad de recursos que necesitará para la elección de este año, la única durante 2026, se clasificó a Coahuila, mientras Colima sigue en crisis, pues “con los recursos autorizados únicamente podría operar hasta julio”, dijo el consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Vinculación del Instituto Nacional Electoral (INE) con los Oples.

Si bien la mayoría de los organismos solicitaron recursos para realizar el año pasado los comicios locales, no todos los congresos autorizaron lo necesario, lo que les obliga a una reiterada solicitud de ampliaciones.

El Ople de Coahuila pidió una ampliación por 95.8 millones de pesos para la contienda de este año y atender distintas necesidades internas, aunque no ha tenido respuesta satisfactoria.

En “nivel medio de seguimiento” se encuentran los Oples de Campeche, Guerrero, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán, con “importantes recortes”.

Un ejemplo claro es Campeche, que pidió 30 millones de pesos como presupuesto operativo, incluido el dinero para hacer una consulta popular, y el Poder Legislativo sólo le autorizó 3 millones. “Esto es preocupante”, expresó Montaño. Otros órganos debieron utilizar los recursos no gastados en 2025, a fin de reducir su déficit y cubrir sus necesidades ordinarias.

Ni para limpieza

Aunque para el año en curso el INE dispone de una bolsa presupuestal de 14 mil 99 millones de pesos, en algunas juntas locales (estatales) y distritales no tienen dinero para servicios básicos como limpieza de oficinas y seguridad de sus instalaciones.

La observación fue hecha por diversas consejerías, según el punto expuesto por Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización, frente al informe bimestral del ejercicio presupuestal del INE.

Esto, añadió frente a los integrantes del Consejo General, máxima instancia de decisión del INE, “obliga a plantear una pregunta de fondo: ¿estamos asegurando que los recursos disponibles, por limitados que sean, se destinen primero a garantizar la operación esencial del instituto en territorio? Porque de poco sirve hablar de economías, ahorros o reasignaciones si al mismo tiempo las áreas que sostienen el contacto directo con la ciudadanía enfrentan limitaciones en condiciones básicas de operación”.

La alerta emitida por Faz es a razón del reporte elaborado por la secretaría ejecutiva del INE correspondiente al primer bimestre de 2026.