Morelia, Mich., Un juez giró órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como del ex secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez y 14 policías estatales, por la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas, cometida el 5 de abril de 2027 en el poblado de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.

El juzgador liberó los mandatos judiciales al valorar los elementos de prueba que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE), que busca imputar a Silvano Aureoles y a los otros 15 acusados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

Además, Silvano Aureoles y Juan Bernardo Corona son buscados desde 2023 por la FGE, al existir órdenes de aprehensión por el presunto desvío de más de mil millones de pesos en la construcción, a sobrecosto, de cuarteles de la Guardia Civil.

Por este presunto desfalco, la fiscalía estatal ha detenido a Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas de Aureoles Conejo; Antonio Bernal Bustamante, ex titular de Seguridad de Michoacán; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, ex funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública.

Caso Arantepacua

La FGE informó que la ejecución extrajudicial de los cuatro indígenas se habría cometido el 5 de abril de 2017, cuando Aureoles presumiblemente ordenó a elementos de la Policía Estatal ingresar al poblado purépecha de Arantepacua.

Los uniformados intentaron recuperar alrededor de 100 vehículos de carga que los indígenas tenían retenidos, como parte de una protesta por un conflicto agrario ancestral que mantenían con el pueblo vecino de Capácuaro, en Uruapan.

Durante la intervención policial se registró un enfrentamiento entre los policías e indígenas, dejando como resultado a cuatro indígenas muertos por disparos de arma de fuego, entre ellos un menor de edad. También fueron reportados 38 pobladores heridos, 10 más detenidos, así como un policía fallecido.

Recomendación de CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2020 la recomendación número 42VG/2020, contra el gobierno de Michoacán, tras documentar violaciones graves al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales –por actos constitutivos de tortura–, de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio del poblado indígena.

La CNDH también logró que el gobierno del estado emitiera una disculpa pública a los comuneros de Arantepacua, comunidad enclavada en la Meseta Purépecha.

El organismo documentó que la policía de Silvano Aureoles cateó ilegalmente 56 viviendas, propiedad de los indígenas.

Señalan al narco de iniciar tiroteo

Días después de la ejecución extrajudicial de los indígenas, el gobierno de Silvano Aureoles acusó que un grupo de sicarios al mando de Benito Morales Jiménez, El Beny, entonces líder regional del cártel de Los Viagras, que se ocultaba en Arantepacua, disparó contra los uniformados cuando éstos entraban al poblado, desatándose así un tiroteo.

En el intercambio de fuego, agentes de la policía estatal habrían asesinado a los cuatro indígenas, cuyos cadáveres fueron sepultados bajo los “usos y costumbres” de la comunidad, que no permitió a la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán que realizara las necropsias a los cuerpos.

Hasta el momento, El Beny no ha sido detenido.