La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer el decreto de junio de 1994, emitido por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que declaró como área natural protegida (ANP) –con carácter de protección de flora y fauna– la región de Yum Balam, Quintana Roo, así como su programa de manejo, impugnados por tres ejidos que alegaron violaciones a sus derechos de propiedad agraria y de audiencia previa.

Con siete votos contra dos, el pleno aprobó el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía que revocó el amparo que habían obtenido los ejidos Holbox, isla Holbox y punta Holbox, bajo el criterio de que la Nación puede imponer límites a la propiedad por interés público, sin extinguirla, para preservar el medio ambiente y el equilibrio ecológico.

El amparo fue concedido en julio de 2022 a los ejidos por el juzgado séptimo de distrito en Quintana Roo, argumentando que no se respetó el derecho de consulta al no haber sido notificados personalmente del decreto de 1994

Sin embargo, el documento de ANP, que abarca una superficie de 154 mil hectáreas del municipio de Lázaro Cárdenas, fue defendido por el gobierno federal con el argumento de que era necesario para cuidar ecosistemas con gran biodiversidad y humedales de importancia internacional, citando la Convención Ramsar, alineándose con el principio de precaución ambiental.

También afirmaron que los ejidos sí tuvieron oportunidad de ser escuchados y participar durante la elaboración del Programa de Manejo en 2016 y 2018.

En contra del proyecto fueron los ministros Sara Irene Herrerías Guerra y Hugo Aguilar Ortiz. Este último titular de la Corte, quien consideró que el proyecto vulnera criterios del máximo tribunal sobre la garantía de audiencia en la creación de ANP, especialmente tratándose de ejidos indígenas, y cuestionó que la publicación en el Diario Oficial de la Federación sea suficiente, pues “no hace las veces de notificación”.

Sostuvo que aunque no hay expropiación, sí existen restricciones relevantes al uso y disfrute de la propiedad, por lo que debía garantizarse la participación de las comunidades, e incluso una consulta previa conforme al Convenio 169; de lo contrario, advirtió, se afectan sus derechos, por lo que emitirá voto particular.

En favor del proyecto, Loretta Ortiz sostuvo que la protección del medio ambiente debe prevalecer, incluso frente a otras garantías, al destacar que en lugares como Holbox la conservación ha contado con el respaldo de la comunidad y es clave para preservar sus ecosistemas.