Tras un amplio y controvertido debate, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó ayer la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret seguir utilizando elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad turística, al considerar que la protección de estos bienes es de interés público y social, que tiene mayor peso que el económico de una empresa privada.

Con el fallo, el conglomerado deberá retirar esa simbología de su publicidad y sitio web mientras se resuelve el litigio de fondo que mantiene con integrantes de la comunidad maya –cuatro de los cuales estuvieron presentes en la sesión– y con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

“Qué bueno que las empresas vengan e inviertan en México, pero eso no las faculta a disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio de la nación”, señaló la ministra María Estela Ríos González al defender su proyecto que tumbó la medida cautelar.

El debate del pleno –en el que se reconocieron presiones para frenarlo– se extendió por una hora y 43 minutos y concluyó con siete votos contra dos a favor del proyecto.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa hizo una férrea defensa por mantener la suspensión a favor de Xcaret, al sostener que la empresa tiene un contrato con el Gran Consejo Maya (GCM) de Quintana Roo por cinco años, con una contraprestación de 15 millones de pesos anuales, lo que acredita la apariencia del buen derecho; además, cuestionó que se prejuzgara el fondo y comparó con el Tren Maya, que usa símbolos culturales de la región para promover el turismo. “Yo les pregunto, ¿para la utilización de este emblema se requiere la autorización del Indautor?”, subrayó.

Asimismo, acusó que a pesar de tratarse de una medida cautelar, el pleno se adelanta a prejuzgar el fondo del litigio e invalida de facto el convenio, y advirtió que el fallo impactará la inversión y la derrama turística, ya que el conglomerado genera 65 mil empleos directos e indirectos en la región.

En respuesta, la ponente rechazó la analogía con el Tren Maya, al afirmar que “no es posible equiparar el uso de esos símbolos para una empresa privada y para una empresa pública”, pues para dicha obra de infraestructura se cumplió con todas las consultas a pueblos originarios.

Sostuvo que el contrato de Xcaret con el GCM no acredita el consentimiento de todo el pueblo maya –integrado por mil 21 comunidades en Campeche, Quintana Roo y Yucatán–, aunque aclaró que no se cuestiona la legitimidad del consejo.

Ríos González también justificó que su propuesta se basa en el artículo 2 constitucional y en estándares internacionales que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su patrimonio e identidad, tras escuchar a todos los interesados, desde la empresa, el GCM, al Indautor y hasta al gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama.

La propuesta fue aplaudida por otros togados, como Loretta Ortiz Ahlf, quien dijo: “la felicito por su proyecto, porque necesitó valentía para presentarlo. Es un asunto en el que fue muy –eso es lo que su servidora considera– presionada”.

En la misma línea, el titular de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que el contrato de transición no sustituye la consulta: “ese contrato tendría que haberse sometido a una consulta previa, libre e informada”.

El ministro Arístides Guerrero García votó en contra y propuso posponer la discusión para escuchar a las partes, pero Ríos González lo rechazó, al señalar que el caso ya se había aplazado: “ya acepté en una ocasión que se retirara, pero ahora, no”; a su vez, Aguilar Ortiz precisó que el debate se limita a la suspensión y que una consulta pública corresponde al fondo del asunto.

El conflicto empezó en 2022, cuando el GCM denunció a Grupo Xcaret ante el Indautor por uso indebido de patrimonio cultural; aunque hubo un acuerdo y desistimiento en agosto de 2023, otros integrantes continuaron el litigio. En 2024 se ordenaron y sancionaron medidas por incumplimiento y la empresa obtuvo suspensión en febrero de 2025, la cual fue impugnada en marzo y abril, y el caso llegó a la Corte en octubre de 2025.

Grupo Xcaret emitió un comunicado donde expresa: “la empresa reitera su respeto a la determinación de las autoridades competentes, que se dará en cuanto se emita la resolución definitiva después de su proceso de engrose”, y continuará los procesos jurídicos pertinentes hasta llegar a la definición final.

Puntualizó que el fallo “no afecta la operación, ni la experiencia de sus visitantes y huéspedes”.

Con información de Octavio Olvera /La Jornada Maya