La propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, dada a conocer ayer, significará un avance en la medida en que logre que la totalidad de las entidades lleven a cabo las acciones pertinentes para prevenir, indagar y combatir el delito, lo cual hasta ahora no ocurre, planteó María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

La defensora de los derechos de las mujeres recordó que algunos aspectos que considera la iniciativa gubernamental, que será presentada al Congreso, ya existen, como aquel que señala que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio, tal como lo establece un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de Nación.

Estrada afirmó en entrevista con La Jornada que el “gran desafío” será que las fiscalías de los estados y sus autoridades se comprometan a investigar estos crímenes de manera adecuada.

Para el OCNF, “México no tiene un déficit normativo en materia de feminicidio, sino un déficit en voluntad política real para implementar lo que ya existe; en presupuesto para operarlo; en capacidades institucionales en fiscalías, peritos y juzgados, así como en rendición de cuentas cuando las instituciones fallan”.

La titular del OCNF confió en que esta propuesta “no se apruebe fast track, sino que pueda revisarse, para que realmente valga a la pena”, pues al ser una ley general será “un piso común que obligue a generar base de criterio, de coordinación entre los estados y los municipios, porque cada uno tiene sus marcos locales.