La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño en Casos de Feminicidio con penas hasta de 70 años de prisión y 21 agravantes. Con esta reforma de carácter constitucional “de inicio cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio”, subrayó a su vez la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria enviará la propuesta al Senado, a más tardar hoy; incluye –afirmó– protocolos para “castigar al o la responsable, y que haya todo un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia que puede llegar a ser feminicida”. En la mañanera, la fiscal Godoy explicó que la iniciativa va por la construcción de un marco jurídico que permita homologar el tipo penal en el que se reconocen nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes; antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación. Asimismo, que la víctima haya sido incomunicada, se encuentre en estado de indefensión o haya exposición del cuerpo, entre otras. Estamos estableciendo, añadió, una pena de 40 a 70 años de prisión, una multa de mil a 2 mil UMA y 21 agravantes para aumentar la sanción en una mitad en caso de que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, migrante, esté embarazada o viva con discapacidad y otros. Indicó que buscan homologar los protocolos de investigación en todo el país para incorporar la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, con el fin de “garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio”.

Perspectiva de género

De igual manera, “incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso, fortalecer las capacidades técnicas, científicas y humanas de las instituciones encargadas de procuración de justicia y para asegurar la coordinación efectiva entre las autoridades”. Resaltó que el delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio, mientras la sanción y la reparación integral del daño son imprescriptibles. La iniciativa contempla que el responsable del feminicidio perderá derechos sucesorios y la patria patria potestad de hijos e hijas, la tutela, curatela, guarda y custodia de aquellas personas de quien se tenga legítimo derecho y pierde cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas directas o indirectas.

Establece, además, la homologación de protocolos especializados de actuación para todas las autoridades responsables de la procuración de justicia”; contarán con unidades o fiscalías especializadas que, como el Ministerio Público, deberán intervenir de manera continúa en todas las etapas del procedimiento penal. La subsecretaria de Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, adelantó la creación de una comisión especial que acompañe la ley.