El pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma a la Ley de Vivienda, que permitirá al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de Vivienda del Issste constituir filiales para comprar terrenos, construir o remodelar vivienda para su venta o renta.

El cambio fue impugnado por PAN y PRI, que cuestionaron el cambio de modelo de ambas instituciones, de “facilitadoras de crédito a intermediarias”. Además, ambas bancadas –que votaron en contra– señalaron que se echará mano de las subcuentas de vivienda para financiar los proyectos.

La reforma pasó con los votos de Morena y sus aliados, a los que se sumó MC. Durante la discusión del dictamen de la iniciativa presidencial, que se recibió el 11 de marzo y se envió ayer como minuta al Senado, la bancada guinda resaltó que se trata no sólo de regular la reforma a la Constitución en materia de “vivienda adecuada”, sino de ir hacia un modelo de “vivienda del bienestar”.

En el pasado, sostuvo la diputada Sandra Patricia Palacios (Morena), los gobiernos priístas y panistas construyeron “casas de 27 a 34 metros cuadrados, en miniciudades en territorios despoblados, en terrenos fangosos o al lado de canales”.

Ahora, manifestó, “hablamos de cuando menos 60 metros cuadrados, el doble de lo que ustedes proponían, y estarán ubicadas cerca de escuelas, hospitales, centros de trabajo, mercados, y tendrán acceso justo a servicios públicos como agua potable y alcantarillado”.

No obstante, las bancadas de PAN y PRI objetaron que con la reforma “se traslada la carga (de la construcción) a los fondos de los trabajadores”. La panista Blanca Gutiérrez Garza planteó que se defienda el derecho a vivienda adecuada, “pero no a costa de poner en riesgo el ahorro de los trabajadores”.

Además, se explicó que en el artículo 48 de la ley se incluirá que, adicionalmente a las inversiones públicas en materia de vivienda, podrán hacerse “aportaciones”, lo cual permitiría abrir el paso a tomar fondos de las subcuentas de vivienda para financiar casas.