La Cámara de Diputados discutirá hoy la reforma al artículo 127 de la Constitución, para fijar un límite a las pensiones de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, ayer, al aprobarse el dictamen en comisiones, PAN y PT anunciaron que presentarán reservas en el pleno, con objeto de no permitir la retroactividad de la medida.

En su reunión de ayer, en la que Morena, PT y PVEM avalaron con 26 votos el dictamen ante la ausencia de los partidos de oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales recibió la opinión de cinco organizaciones de jubilados, que plantearon a los legisladores precisamente no aplicar tabla rasa en el recorte a sus pensiones ni admitir la retroactividad.

Incluso, el presidente de la Comisión de Seguridad Social y ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Arturo Olivares Cerda (Morena), alertó que, de mantenerse como está, la reforma afectaría a los 6 mil médicos con cargos de dirección en hospitales y unidades médicas.

“Ante la falta de incentivos se corre el riesgo de una renuncia masiva a los puestos de confianza que afecte la operatividad del IMSS”, aseguró. Señaló, además, que más de 12 mil jubilados, que reciben entre 70 mil y 100 mil pesos, tendrían una afectación parcial en su pensión.

Rosa Galaz, jubilada después de 33 años de trabajo en CFE, expuso que sus pensiones son legales, transparentes y auditables, y se sustentan en un marco normativo pactado con el Estado mexicano, que generó derechos adquiridos como parte de su legítimo patrimonio.

Expuso que condicionar la subsistencia de los jubilados al salario del titular del Ejecutivo federal es una decisión política, no técnica, y que “los ingresos que se pretenden fijar al jubilado no guardan relación con el ingreso presidencial. Al congelarse el salario, el retirado sufrirá una doble penalización: el recorte drástico inmediato y la asfixia inflacionaria posterior”.

Añadió que, al reducir los ingresos de adultos mayores, se les colocará en estado de indefensión total, sobre todo porque enfrentan compromisos económicos fijos calculados sobre una pensión otorgada legalmente.

Adrián Oviedo, jubilado de Pemex, insistió en la no retroactividad de la reforma, que definió como “una medida confiscatoria del patrimonio, que afecta nuestra trayectoria y condición de vida”.

Ahorros por 5 mil mdp

Incluso manifestó que los 5 mil millones de pesos que se calcula de ahorro contrastan con “la suma por la cancelación del aeropuerto, el huachicol fiscal, la refinería y las observaciones de la ASF” al gasto público.

Silvia Ramos Luna, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, expuso que las pensiones de los trabajadores de base “no se equiparan con los directores que abusaron de sus cargos; ellos sí para obtener pensiones doradas”.

Lilia Aguilar Gil (PT) informó que hoy presentará una reserva en el pleno, para que no se aplique la retroactividad “a todos los que, de manera legal, están jubilados y pensionados y dieron su vida al servicio en dos instituciones extraordinarias, Pemex y CFE”.