La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó para hoy un proyecto de su titular, Hugo Aguilar Ortiz, que propone validar el decreto del 8 de mayo de 2023 que expidió la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que rediseñó la política del país en la materia, transformó al extinto Conacyt y actualmente es la base jurídica de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

De aprobarse el proyecto sobre dos acciones de inconstitucionalidad, el fallo incidiría en al menos 88 amparos pendientes en la Corte y otros en juzgados, promovidos por investigadores –entre ellos el hoy ministro Giovanni Figueroa Mejía, cuando era académico– que impugnaron la exclusión de personal de instituciones privadas de los estímulos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Sin embargo, el proyecto de Aguilar Ortiz descarta trato discriminatorio y propone una interpretación que permitiría a investigadores privados acceder a estímulos si se vinculan al sector público o a la Agenda Nacional. Precisa que el artículo 41 prevé convenios con el Estado, como vía adicional de acceso al SNII, sin excluirlos.

“Las instituciones del sector privado deben hacerse cargo del pago del estímulo económico si desean que los investigadores que en ellas laboran lo tengan, pero esto no excluye que estas últimas puedan ser beneficiarias del estímulo público… En este último supuesto, no es relevante la adscripción de la persona investigadora cuando dirija sus trabajos a los fines públicos de la Agenda Nacional, o bien, cuando realice actividades sustantivas en instituciones del sector público”, apunta.

Las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y 128/2023, promovidas por legisladores de oposición, acusaron violaciones al procedimiento legislativo en la aprobación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. El proyecto las declara infundadas y valida el decreto.

Además, propone avalar otros artículos claves: el esquema de becas y financiamiento, y confirmar que las directrices de política pública no vulneran la libertad de cátedra.