n días recientes desde la llamada mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que con el programa México te Abraza, creado para apoyar a los (¿y las?) deportados(as) de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025, han ofrecido apoyo a 189 mil 830 mexicanos hasta el 18 de marzo pasado. No dudamos de la veracidad de las cifras ofrecidas, pero sí llama la atención el énfasis institucional “para reincorporarlos a la vida pública del país”. Carta de repatriación, cuando regresan como si ellos y ellas lo hubieren decidido. Actas de nacimiento, cuando no sólo este sector carece de ella en el país; la CURP, una suerte de habilitación como mexicanos, un apoyo ciertamente simbólico; se entregaron 114 mil tarjetas del Bienestar Paisano con 2 mil pesos cada una para ayudarlos en su reintegración a México y retornar a sus lugares de origen; 42 mil 400 connacionales se incorporaron a programas del Bienestar; y entramos a las hipótesis no confirmadas: “se les ofrecen asesorías, regularización de tierras y acceso a vivienda”; se repartieron 39 mil tarjetas de la Financiera para el Bienestar (Finabien), con las cuales pueden recibir dinero de sus familiares en Estados Unidos. El apoyo otorgado a los paisanos repatriados (sic) incluye la posibilidad de afiliarse al IMSS y obtener seguridad social, y al Infonavit para tener acceso a créditos para casas. Además, 14 mil 228 personas han logrado conseguir un empleo formal en empresas privadas y más de 42 mil 400 connacionales se incorporaron a programas públicos.

Resulta indispensable conocer la información básica, como lugares de origen de los y las deportados(as), pues no se precisa si no se incluye en las cifras a quienes provienen de un tercer país. En el caso de integrantes de pueblos indígenas, tampoco se dice cuántos de ellos y ellas han retornado a sus comunidades. Cuál es el impacto en ellas de la ausencia de remesas. Toda esta problemática no se observa presente en el informe denominado México te Abraza, pues el Estado mexicano, por décadas, se ha convertido en mero observador, e incluso se ha visto favorecido en su economía por las remesas que han enviado nuestros paisanos.

Habría que incorporar en informes oficiales cuando se trata de las personas de origen indígena cuyas condiciones socioeconómicas las han llevado a emprender el camino de la migración, pero no sólo eso: hay regiones en el país donde ese camino ha sido la salida para la sobrevivencia ante el desplazamiento forzoso promovido por la delincuencia que, por distintas vías y en diversos ámbitos, se ha instalado, y mediante violencia y despojo, ha impuesto proyectos extractivos, por ejemplo, pasando por encima de la voluntad individual y colectiva de las comunidades. Por todo ello, es vital el aporte de las remesas para las familias que se quedan en las comunidades, y eso no exime a sus integrantes de las obligaciones comunitarias aun desde fuera. Todo ello, a muchas de las personas deportadas les impedirá plantearse el retorno a sus comunidades de origen.

En contraste, justamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, en días recientes, informó que en Estados Unidos residen al menos 491 mil 575 indígenas mexicanos y 63 mil 491 afromexicanos, quienes a consecuencia de la política migratoria del presidente Donald Trump, experimentan incremento en el temor o desconfianza hacia las autoridades, así como arrestos, deportaciones y faltas al debido proceso en centros de detención, entre ellas la ausencia de intérpretes y traductores.

El diagnóstico, titulado Primer informe de actividades de la mesa institucional “Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, elaborado con información de 49 de los 53 consulados de México en ese país, advierte que estas comunidades enfrentan obstáculos persistentes para tener acceso a servicios y ejercer plenamente sus derechos debido a barreras lingüísticas, falta de documentación personal y desconocimiento de los mecanismos de protección consular. El informe advierte que estas carencias afectan el acceso a la justicia y a servicios básicos, especialmente en contextos de detención migratoria.

La cancillería subrayó que la población indígena y afromexicana tiene “presencia activa y significativa” en aquel país y requiere atención institucional con enfoque intercultural.

El reporte indica que se identificó la presencia de comunidades indígenas y afromexicanas pertenecientes al menos a 29 pueblos originarios, entre ellos mixtecos, nahuas, zapotecos, tsotsiles y purépechas. California concentra la mayor población, con más de 211 mil personas, seguida de Nueva York, Florida, Texas y Nueva Jersey. Urge respaldo al trabajo consular y que se logre detener el incremento de las deportaciones a nuestros paisanos, que de suyo son arbitrarias.

En síntesis, resulta indispensable la mirada crítica y, más allá de las cifras genéricas, que se acerque el espejo al programa México te Abraza.