El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Chiapas, anunció el cierre temporal de sus instalaciones por medidas de seguridad, tras el allanamiento que sufrió en dos ocasiones en menos de una semana.

A pesar de presentar una denuncia el pasado 20 de marzo, después del primer robo y solicitar el resguardo de la oficina, esta petición no fue atendida. Mencionó que hurtaron documentos de casos que estaban atendiendo, lo que pone en riesgo a las víctimas y a quienes integran la organización.

El centro de derechos humanos documentó que hubo una intervención a las cámaras de seguridad, además subrayó que a pesar de la existencia de otros objetos de valor,éstos no fueron sustraídos, sino que se llevaron computadoras, teléfonos y documentos relacionados con la labor de defensa y de acompañamiento a la población en movilidad humana (migrante).

El segundo robo fue cometido el 22 de marzo pasado. Enfatizó que fue “una clara intención de intimidarnos, obstruir y desarticular nuestra labor de defensa de derechos humanos”.

El organismo defensor, desde hace 29 años, informó que expuso su situación al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, pero no recibieron una respuesta.

Por ello, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Chiapas a investigar de manera diligente los hechos y otorgar las medidas necesarias para el resguardo de su integridad como organización de defensa de derechos humanos.

También al gobernador de Chiapas y al Estado mexicano, para que las autoridades correspondientes garanticen las condiciones de seguridad y protección a su labor, así como la integridad de quienes forman parte de esta institución, sus instalaciones y equipos de trabajo.

A la vez, al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas para que no sea omiso ante las solicitudes y que genere rutas efectivas para asegurar el derecho a defender las garantías individuales.

Relatora de la ONU pide investigación eficaz

Por separado, Mary Lawlor, relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, instó a las autoridades mexicanas a que garanticen una investigación exhaustiva y eficaz.

“Este tipo de incidentes no se han investigado adecuadamente en Chiapas en el pasado”, señaló Lawlor en un mensaje en su cuenta de X.

Otras organizaciones y centros defensores de derechos humanos expresaron su solidaridad y demandaron pesquisas al respecto. Entre ellas está el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que se sumó a la denuncia ante la inacción de las autoridades locales y federales.

Mientras la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) recaudó firmas para solicitar de forma inmediata la protección de este centro y de sus colaboradores.