Blindar los proyectos estratégicos frente a cualquier caída de los ingresos, así como hacer un ajuste en las métricas fiscales para que las inversiones en Petróleos Mexicanos (Pemex) no se cuenten en el déficit público, son algunas de las modificaciones que plantea la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar soporte jurídico a su Plan de Inversión en Infraestructura.

La iniciativa recae en dos puntos: el primero consiste en la emisión de la ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar, que detalla los instrumentos y contratos para proyectos mixtos; mientras, el segundo se centra en modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que data de hace dos décadas y ahora propone que, además de incluir el concepto “Proyectos para el Desarrollo con Bienestar” en su contenido, las obras estratégicas tengan un “carácter preferente” en el presupuesto público e incluso que los recursos para su ejecución estén protegidos frente a una caída en los ingresos.

A la par, se busca que Pemex y su peso en el balance público sean atenuados cuando se trate de gasto en inversión: “modificar lo relativo a las metas fiscales a nivel de los Requerimientos Financieros del Sector Público y del déficit presupuestario para eliminar lo relacionado con la inversión de Petróleos Mexicanos”.

El año pasado, dicho requerimientos –que mide el déficit público– se redujeron a 4.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) si se consideran los apoyos a Pemex. Sin ellos, la métrica se reduce hasta 4.3 por ciento.

La iniciativa propone mayor flexibilidad para contratar proyectos, incluso si no se tiene presupuesto para ello desde la primera etapa.

Reglas para inversionistas

La ley para el fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar dará forma al consejo de planeación estratégica para la inversión en infraestructura –el órgano encargado de definir los proyectos prioritarios– así como los vehículos de inversión para regular la participación de inversionistas privados.