La iniciativa presidencial para promover el flujo de dinero de particulares y del sector social en infraestructura dota de certeza jurídica a los inversionistas, lo que permitirá movilizar tanto el capital privado como el de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) hacia proyectos productivos de largo plazo.

Así lo establece el dictamen sobre la expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que será analizado en comisiones de la Cámara de Diputados el próximo miércoles.

El documento subraya que la propuesta presidencial logra un equilibrio entre la necesidad de detonar inversiones y la protección de la disciplina financiera y la soberanía nacional.

“Al establecer reglas claras, mecanismos financieros innovadores como los vehículos de propósito específico y los esquemas de participación mixta, así como un régimen de transparencia y control institucional robusto, la iniciativa dota de certeza jurídica al ecosistema de inversión”, destaca.

También puntualiza que, a diferencia de los modelos de concesión o privatización del pasado, que comprometían el patrimonio nacional, el nuevo paradigma garantiza que la propiedad de la infraestructura permanezca bajo el dominio de la nación. “Se consolida la rectoría del Estado, asegurando que la participación concurrente de los sectores público, privado y social esté subordinada en todo momento a la prosperidad compartida, la justicia territorial y el bienestar del pueblo de México”, subraya.

En el dictamen se reconoce la contracción de la inversión pública 28.4 por ciento en términos reales durante 2025 y que se requieren 722 mil millones de pesos adicionales en el sector, equivalente a 4.4 por ciento del producto interno bruto.

El nuevo modelo que establece la iniciativa invierte esta lógica: la propiedad permanece estatal en todo momento, el privado participa como socio o contratista con obligaciones medibles de inversión y desempeño, y los riesgos se distribuyen contractualmente conforme a la capacidad de cada parte para administrarlos.

Aprovechar el límite regulatorio

Asimismo, refiere que las Afore administran más de 6 billones de pesos pertenecientes a 73 millones de trabajadores. En la actualidad, apenas se invierte entre 8 y 9 por ciento de esos recursos en infraestructura, cuando el límite regulatorio permite hasta 30 por ciento.

Resalta que la brecha entre el límite permitido y la inversión efectiva no obedece a la falta de interés, sino a la carencia de certidumbre jurídica, lo que resuelve la propuesta del Ejecutivo.

Si la participación escalara del 8-9 por ciento actual a 20-25 por ciento –nivel todavía conservador frente al tope regulatorio– se canalizarían entre 1.2 y 1.5 billones de pesos adicionales hacia infraestructura productiva. Para dimensionarlo: esa cifra equivale a más del doble de los 722 mil millones de pesos que se necesitan como inversión adicional.