Durante los últimos 20 años, la carrera judicial de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo ha estado marcada por proteger a presuntos delincuentes mediante amparos contrarios a la procuración de justicia. Así lo demuestra, por enésima vez, el caso de la reciente liberación del empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, originario del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, demandado por fraude y delitos patrimoniales en el expediente FGJNL-082090/2025.

La misma jueza que ha recorrido varios juzgados en distintos estados de la república y fue suspendida de investigación por sus sospechosas resoluciones a favor de varios delincuentes, volvió a su puesto, ahora en el juzgado de distrito en materias de amparo y juicios federales en Matamoros, Tamaulipas.

El pasado 3 de marzo amparó a Babb Villarreal y sus socios, José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández, contra la orden de aprehensión bajo el expediente 218/2026-VII y el 9 de marzo les concedió la suspensión definitiva.

De forma mañosa, la jueza Duarte Cedillo protegió indebidamente a los denunciados, pese a que los domicilios, los hechos del delito, el proceso penal instaurado en su contra y la orden de aprehensión sucedieron en Nuevo León y no en Tamaulipas.

El sampetrino Babb Villarreal, de 58 años, asiduo de las revistas de “alta sociedad” de este acaudalado municipio regiomontano, en los pasados 20 años ha creado, junto con su hermano Jaime Alberto, más de 50 empresas fantasmas para operaciones fraudulentas de bienes raíces, lo que consta en el expediente judicial al que ha tenido acceso La Jornada.

Ubicado en Florencia 119, colonia San Patricio; en Vereda 206, colonia Veredalta, y en avenida Manuel Gómez Morín 2005, colonia Residencial Chipinque, del mismo municipio, el denunciado –hijo de Pedro Babb Torres– ha gozado de impunidad en una veintena de contenciosos judiciales.

“Ha actuado en contubernio para defraudar a mi clienta y despojarla de su patrimonio, que asciende a 57 millones de pesos”, asegura en entrevista Gabriel Garza Fernández, abogado de una de las víctimas, cuya identidad se omite por razones de seguridad.

Modus operandi

En representación de la empresa Aldea Oceana Holdings, SAPI de CV, Babb Villarreal cometió los presuntos delitos junto con su socio José Manuel Mireles Verástegui, quien en 2022 fue vinculado a proceso penal y liberado mediante un amparo con medida cautelar de firma periódica.

“Hacen empresas de papel en las que aglutinan a los clientes en diferentes compañías con porcentajes; luego, no tienen valor más que en papel porque cuando demandas a esa empresa mercantilmente no sirve. Así están muchas víctimas”, asegura el abogado.

La historia se remonta a 2018, cuando Babb Villarreal le propuso a la víctima ser accionista de su empresa Desarrolladora e Inmobiliario Río Lerma, SA de CV.

“Babb, entre lágrimas, me convenció de aceptar acciones, así como iniciar el proceso de escrituración de mi departamento ubicado en el Fraccionamiento Centro, El Taj Ocean Font, en el municipio Solidaridad, Quintana Roo, en favor de Juan Manuel Guerra Elizondo, quien es referido por Babb Villarreal de que le debía dinero”, dice la víctima.

El 29 de junio de 2018, Babb Villarreal le vendió 17 mil 105 acciones de dicha empresa con la promesa de que una vez registradas le entregaría copia certificada. A cambio, ella le entregó 4 millones 375 mil pesos en efectivo a cambio de un recibo de pago por 22 millones 750 mil pesos en especie por concepto de pago de su departamento y recibido con una inversión de 13 por ciento de las acciones de la empresa.

Pasaron tres años y Babb Villarreal nunca cumplió. La víctima decidió buscarlo en sus oficinas. Éste la citó el 1º de abril de 2021 para presentarle a su socio Mireles Verástegui. “José Manuel, la deuda que tienes conmigo ya así déjala. Ese dinero mejor se lo das a ella porque yo le debo una lana, así que mejor tú págasela directo a ella”.

A continuación, Mireles le dijo que le pagaría mediante “la transmisión” de unos departamentos que se construirían con sus socios Babb Villarreal y González Hernández y le mostró la maqueta del desarrollo inmobiliario Emma & Elissa, ubicado en avenida Colosio 35, Zazilha, en Playa del Carmen, Quintana Roo, a través de la empresa Aldea Oceana Holdings, SAPI de CV. “Me enseñaron un departamento muestra que tenían adecuado en ese mismo lugar, simulando cómo serían mis próximos departamentos y mientras yo lo veía me platicaban de manera muy segura y confiable que, aunque estaban en preventa, era una compra muy segura”, señala la mujer estafada.

Cuenta que “todo sonaba muy creíble y atractivo, muy fidedigno” y lo que le debían fue considerado “pago en especie”, equivalente a 3 millones 43 mil 991 dólares, que correspondían a siete departamentos y 50 por ciento de uno más.

Choque contra la realidad

A continuación firmó siete contratos de depósito irrevocables de compraventa y un octavo a 50 por ciento en copropiedad con Daniella Garza Garza, entonces esposa de Babb Villarreal, y como representante legal de la empresa Proactivo Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV.

Lo pactado legalmente nunca se cumplió. En noviembre de 2024 la víctima acudió al lugar donde supuestamente serían construidos los departamentos y se dio cuenta de que la obra estaba abandonada. “No había trabajadores ni maquinaria alguna, así que pregunté a los vecinos y me informaron que la construcción ya estaba así desde hacía muchos meses, por lo que me preocupé aún más”.

Babb Villarreal y sus socios no dieron la cara ni le permitieron la entrada a sus oficinas. En febrero de 2025, la víctima recibió una llamada de un “número privado”. Era una mujer que decía ser “asistente” de ellos y que podía presentarse en la oficina para que le regresaran el dinero, advirtiendo que no presentara una demanda porque “lo lamentaría”.

“Esto es el despojo del patrimonio de mi cliente, luego la embauca en una sociedad en la que tiene los derechos de un bien emproblemado del que no son ni dueños. Luego, supuestamente, le paga con unos departamentos que no existen al día de hoy”, dice el abogado Garza Fernández.

Añade: “Tengo conocimiento de que hay más de 10 inversionistas defraudados por estos señores en el supuesto proyecto de Tulum. Él ya ha estado en problemas judiciales, pero siempre se ha salido con la suya, la ha librado. Esta es la primera vez que lo aprehenden. Salió porque promovió un amparo con mentiras argumentando datos falsos como que lo promovieron un juez de Matamoros, Tamaulipas, y otras autoridades responsables. Ahí está el truco, inventaron un auto reclamado de un juzgado que no tiene nada que ver con este asunto; mañosamente, tratan de decir que todo es allá, pero no es cierto, todo el asunto es de Nuevo León”.

Protección a otros criminales

El negro historial de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo es amplio. El 23 de febrero del año pasado otorgó un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, para impedir su extradición a Estados Unidos.

En el caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el 9 de mayo de 2024 la juez decidió liberar a ocho militares implicados en la desaparición de los jóvenes. Asimismo, absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos.

En diciembre del año pasado, Duarte Cedillo, jueza segunda de distrito en materia penal en el estado de México, “absolvió” y ordenó la inmediata libertad del secuestrador Daniel Arizmendi López, El Mochaorejas, argumentando que fue “torturado” para inculparse.

También amparó a Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, contra una orden de detención con fines de extradición, y en junio de 2024 absolvió a Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, por la fuga de su cuñado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, ex líder del cartel de Sinaloa.

El 13 de febrero de 2024, la misma jueza exoneró a Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, por lavado de dinero, quien es sobrino de los líderes del cártel de los Arellano Félix.

En noviembre del año pasado, el magistrado Rufino H. León Tovar, del Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México, decretó la separación temporal contra esta jueza, por amparar a Florian Tudor, El Tiburon, líder de la mafia rumana en la Riviera Maya, acusado de dirigir una banda de clonación de tarjetas bancarias y de la sustracción de más de mil 200 millones de pesos en cajeros automáticos en esa zona turística.

Con el expediente 119/2024, la juzgadora evitó su extradición a Rumania.

La suspensión de la jueza se dio sólo por unos meses y luego fue enviada a Tamaulipas, donde otorgó un amparo a favor de Babb Villarreal, por lo que el abogado Garza Fernández ha presentado una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial de la Federación, presidido por Celia Maya García.

“La jueza se extralimitó en sus facultades y debe declarase incompetente. Es evidente que existe corrupción porque tiene un largo historial otorgando amparos a presuntos delincuentes. Ella fue un ejemplo para implementar la reciente reforma judicial y a pesar de ello, sigue operando dejando sin certeza jurídica a las víctimas.”