La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votará este lunes el dictamen para eliminar las llamadas pensiones doradas de ex funcionarios de empresas del Estado, el cual no incluye cambios con respecto a la minuta que ya se aprobó en el Senado el 11 de marzo.

En el documento, que ya comenzó a circular entre los integrantes de dicha comisión, se recuerda que el propósito de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum al reformar el artículo 127 de la Carta Magna es “establecer un límite constitucional a los esquemas de las jubilaciones y pensiones de ex servidores públicos, particularmente en el sector paraestatal, de manera que no podrán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal”.

Luego de estudiar la propuesta, la comisión concluyó que la iniciativa “se encuentra ajustada a los principios constitucionales de proporcionalidad, austeridad, eficiencia y honradez en el uso de los recursos públicos”, además de que “respeta los derechos adquiridos” de los trabajadores.

En el diagnóstico del problema, resaltó que aunque en el artículo 127 ya se establece que ningún funcionario público podrá tener remuneraciones más altas que las de la Presidenta, “en la práctica, diversos regímenes de pensiones permiten que ex servidores públicos reciban montos excesivos”.

Lo anterior, añadió la Comisión de Puntos Constitucionales, “no sólo produce asimetrías en el sistema público, sino que resulta contradictoria con los principios previstos en el artículo 134 constitucional: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

Destacó que “la aprobación de esta reforma traería una serie de beneficios para la población mexicana”, entre otras razones porque permitirá “liberar recursos que pueden destinarse a la atención de las necesidades” de la misma, a través de los programas sociales, y consolidaría “los principios fundamentales de austeridad republicana”.

Mientras tanto, un análisis elaborado por el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, defendió los alcances de la enmienda propuesta por Sheinbaum, ya que “en empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad existe un grupo selecto de funcionarios con pensiones que no sólo rebasan la percepción que recibe la Presidenta de la República, sino también lo que la mayoría de las personas adultas mayores en México obtiene como pensión”.

El legislador saludó que “la iniciativa introduce un parámetro constitucional, que pretende evitar la existencia de beneficios pensionarios desproporcionados”.

De esta forma, indicó Monreal, “la propuesta cerrará los espacios normativos que permitieron que algunos regímenes pensionarios especiales generaran prestaciones considerablemente superiores al resto del sistema de seguridad social”.