Chihuahua, Chih., Alrededor de medio centenar de personas, convocadas por el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, protestaron ayer en el puente internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, para denunciar omisiones del Registro Civil estatal y encubrimiento de empresas funerarias en el caso del ocultamiento de 386 cadáveres en el crematorio Plenitud, los cuales no fueron incinerados y sus familiares recibieron cenizas falsas.

Los afectados desplegaron pancartas en las que exigieron sanciones para los funcionarios estatales responsables, incluida la coordinadora del Registro Civil en Ciudad Juárez, Karla Ivette Gutiérrez Isla, por errores en las actas de defunción de los restos humanos que se encontraron en el lugar.

Acusaron que la funcionaria emitió certificados de fallecimiento en los que se especificaba inhumación en vez de incineración por “error de dedo”; ese mal manejo, dijeron, ha vulnerado el derecho de las familias a la certeza legal y al debido proceso, generando confusión y afectando a quienes recibieron cenizas sin certidumbre jurídica ni sanitaria.

Exigieron la investigación inmediata y transparente de los hechos por parte del gobierno del estado, consignación penal y administrativa de los servidores públicos y reparación integral del daño a los perjudicados; además de certeza jurídica sobre las actas de defunción y el destino de los cuerpos.

También solicitaron la garantía de no repetición, mediante protocolos claros y supervisión estricta en dichos establecimientos y registros civiles.

La agrupación Justicia para Nuestros Deudos informó también sobre tres funerarias involucradas con el crematorio Plenitud: Milagros, Camino al Cielo y Luz Divina, las cuales, aseguró, entregaron un aproximado de 40 cadáveres para incineración, que fueron ocultados y los familiares recibieron cenizas falsas, pero la Fiscalía General del Estado no ha procedido penalmente.

“La sociedad exige que se termine la impunidad y que se ejerza la justicia conforme a derecho. No se trata únicamente de un error administrativo, sino de un problema de salud pública y de violación a derechos humanos”, señaló la vocera del colectivo, Dora Elena Delgado.