A más de 11 años del derrame de tóxicos de la minería en el río Sonora, las comunidades afectadas “siguen esperando justicia ambiental”, advirtió ayer el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, quien señaló que persisten carencias en atención médica, infraestructura abandonada y falta de especialistas, mientras la población enfrenta enfermedades graves sin adecuado servicio a la salud.

Al finalizar una visita a México, el experto señaló en conferencia de prensa que documentó que la contaminación industrial ha transformado de manera “dramática” la vida de las comunidades en el país: “Me ha llamado muy poderosamente la atención las voces de miembros de comunidades que recuerdan cuando sus ríos eran cristalinos, cómo veían jugar a las nutrias, cómo salían a pescar. Y cómo todo eso ha cambiado”.

Añadió que conoció casos de familias que han perdido a sus hijos por exposición a sustancias peligrosas, así como trabajadores con enfermedades terminales.

Orellana alertó de que el crecimiento industrial ha derivado en la proliferación de “zonas de sacrificio” en distintas regiones del país. “La industria por sí misma no es una amenaza, el problema es cuando las normas no son lo suficientemente robustas”, sostuvo. Aunque reconoció que el gobierno ha identificado este problema mediante la creación de regiones de emergencia sanitaria y ambiental, subrayó que ese reconocimiento debe traducirse en acciones concretas y planes de justicia ambiental.

El relator consideró que México ha mostrado liderazgo internacional en materia de sustancias tóxicas y derechos humanos, pero enfrenta una brecha entre ese papel global y la situación interna.

“Pese a estudios científicos sobre impactos ambientales, es necesario que esa evidencia se convierta en políticas públicas orientadas a garantizar derechos fundamentales.”

En materia energética, advirtió que la transición hacia fuentes menos contaminantes avanza con lentitud mientras el uso de combustóleo en plantas termoeléctricas genera altos niveles de contaminación. “Esos procesos de transformación requieren tiempos más abreviados para proteger mejor los derechos de las personas”, apuntó.

También criticó el funcionamiento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, al indicar que opera “casi de manera voluntaria”, lo que limita su eficacia, y advirtió sobre el aumento en la importación de desechos utilizados como combustible industrial. “El combustible barato resulta caro para la salud de la gente”, afirmó.

En su balance, señaló que hay más de mil sitios contaminados y múltiples conflictos socioambientales, donde “se ha normalizado la enfermedad y el dolor”.

Recordó que “no existe un derecho adquirido para contaminar”, y urgió a fortalecer la aplicación de la ley. En su conclusión, sostuvo: “el respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos es piedra angular de un futuro de paz y prosperidad”.