a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno envió una segunda carta diplomática, en un tono “mucho más fuerte”, a Estados Unidos por el caso de Royer Pérez Jiménez, mexicano de 19 años que falleció esta semana mientras estaba detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La mandataria resaltó que su administración pide una investigación profunda y repudia las muertes de connacionales a manos de las autoridades migratorias estadunidenses.

Los decesos de extranjeros bajo custodia del ICE se han multiplicado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De los 11 registrados en 2024, se pasó a 31 en 2025, un incremento de 182 por ciento. Sólo en los primeros 74 días de este año, van 13 muertes, por lo que de continuar la tendencia se llegaría a una escalofriante cifra de 65 vidas perdidas en los campos de concentración que el trumpismo ha abierto o ampliado.

La letalidad se ha cebado sobre la comunidad mexicana, pues de una muerte en 2024 se saltó a ocho en el periodo siguiente, y en 2026 ha habido un deceso por mes. El panorama empeora al considerar que estos registros sólo hablan de quienes ya estaban en poder de ICE, no de las personas masacradas en las calles, como el mexicano Silverio Villegas y los estadunidenses Renée Good y Alex Pretti, todos ellos baleados por agentes uniformados y armados de paramilitares.

Más allá de los números, las causas de muerte reportadas por ICE dicen mucho de lo que ocurre en las cacerías humanas desatadas por Trump. “Cayó enfermo tras ser arrestado y murió al día siguiente”, “padecía varios problemas crónicos de salud; murió de un paro cardiaco”, “falleció a causa de un diente infectado”, “su salud estaba afectada por diabetes y colesterol alto”, “tenía un largo historial de severas complicaciones médicas y estaba enfermo cuando fue arrestado; colapsó de manera inesperada”, “insuficiencia cardiaca relacionada con problemas respiratorios, hepáticos y renales crónicos”, “expiró tras meses de hospitalización, debido, entre otras cosas, a complicaciones como neumonía, hipoxia y dificultad para respirar”. Varios casos, incluido el de Royer Pérez, se clasificaron como suicidios después de que se encontrara a los detenidos “inconscientes en sus celdas”. Estas historias, que muchas veces parecen encubrir episodios de brutalidad policial, permiten asomarse a la realidad de la política xenófoba: ICE no está arrestando a “lo peor de lo peor” ni a personas que amenacen a la seguridad pública –mucho menos a la seguridad nacional–. Está arrestando a moribundos.

Por otra parte, el incremento en la letalidad de los operativos y las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas podría deberse a las carencias formativas de sus elementos. Para acelerar las contrataciones de personal y cumplir sus cuotas autoimpuestas de deportaciones, la administración republicana redujo de 20 a seis semanas el periodo de entrenamiento de los reclutas, con la eliminación de lecciones acerca de protocolos para el uso de la fuerza y derechos constitucionales. También es significativo que esta dependencia del Departamento de Seguridad Nacional actualmente contrate 10 veces más agentes de deportación que los enfocados en contrarrestar amenazas a la seguridad nacional.

En suma, policías cada vez menos capacitados son enviados a secuestrar cada vez más personas bajo un esquema de cuotas que no contempla si las víctimas cometieron o no alguna falta, sea penal o administrativa, por lo que las muertes a manos de ICE son el resultado previsible de una fórmula diseñada para el desastre. Está a la vista el doble rasero de gran parte de la comunidad internacional, medios de comunicación y presuntos defensores de derechos humanos, pues si lo relatado ocurriera en otros países merecería la más dura condena, pero todo se normaliza cuando Estados Unidos es el perpetrador de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.