La promoción de la revocación de mandato de la Presidencia de la República generaría inequidad frente a las restricciones que sí tendrán los partidos políticos, advirtieron –por separado– tanto direcciones ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE) como consejeros.

Carla Humphrey indicó que si bien es positivo que la persona implicada en la revocación y el instituto político al que pertenece den sus argumentos, “lo que puede ser inequitativo es que los partidos no pueden hacer uso del tiempo en radio y televisión –ni comprar espacios– para cuestionar o apoyar determinadas políticas públicas del Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo esa persona sí puede utilizar conferencias de prensa o eventos para promover los logros de su gobierno. Ahí se puede romper la equidad”.

Los consejeros consultados han reiterado, además, la importancia de cambiar la fecha de la elección judicial al menos unos meses, por ejemplo, en octubre de 2027, porque son dos contiendas completamente distintas, con logística y organización diferenciadas.

Un análisis de la dirección jurídica del instituto (al que tuvo acceso La Jornada) puntualiza que la posibilidad de que la persona sujeta a revocación promueva el proceso “modifica el esquema de neutralidad y genera posibles asimetrías”, lo cual podría derivar en promoción indebida o uso de recursos públicos y, en consecuencia, aumento de denuncias penales y litigios.

A su vez, la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica alertó de que el cambio “supondría un incremento en el presupuesto debido a la necesidad de reclutar, capacitar y supervisar a mayor número de supervisores electorales y capacitadores electorales para atender una carga operativa ampliada”.

Si la consulta de revocación se realizara el año próximo –y no en 2028– impactaría, por ejemplo, en la operación de los conteos rápidos.

Acumular elecciones

Al respecto, Humphrey comentó en entrevista: “Con tal cantidad de elecciones, casillas, funcionarias y funcionarios que tenemos que capacitar de modo distinto, teniendo cada vez más urnas, cada vez más boletas, cada vez más material electoral... (preparar y coordinar las elecciones) de 17 gubernaturas, 31 congresos locales, más la mitad del Poder Judicial federal, más el resto de entidades federativas que no tuvieron elección del Poder Judicial en 2025, más la revocación de mandato, claramente no se está entendiendo que necesitamos transitar al uso del voto electrónico, y que esto de estar acumulando elecciones no trae economías”, advirtió.

Al contrario, dijo, se necesitarán más recursos humanos, técnicos, materiales electorales, capacitar cada vez a más personas y montar dos estructuras distintas. Además, está el tema de los distintos cómputos que requerirán, para lograr el objetivo, turnos diferentes de funcionarios y ciudadanos.

Pese a la abundancia de análisis de los especialistas y consejeros electorales, las propuestas del INE para el plan B llegarían tarde, pues hasta anoche todavía no se confirmaba la reunión con senadores.

En la cita probable del lunes, al menos cuatro consejeros no podrían asistir por motivos de agenda, trascendió.