En vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta un proyecto que propone revocar la suspensión dentro de un amparo indirecto que permitió a Grupo Xcaret seguir usando elementos del patrimonio cultural maya en la promoción turística de sus hoteles y parques, crecieron las presiones para frenarlo.

Por una parte, el Gran Consejo Maya (GCM) de Quintana Roo defendió que, desde 2023, autorizó a la empresa el uso de su patrimonio cultural mediante un contrato, en ejercicio de su autonomía; a su vez, Grupo Xcaret señaló que acatará el fallo de la SCJN, pero confió en que los ministros “van a tomar la mejor decisión”.

El proyecto de la ministra María Estela Ríos González fue enlistado para la sesión de hoy bajo el expediente revisión en incidente de suspensión 4/2025, luego de que su discusión quedó pendiente el pasado 12 de marzo. De aprobarse en sus términos, la empresa tendría que retirar la simbología maya de su publicidad mientras en un juzgado se resuelve el litigio de fondo.

El proyecto concluye que la protección del patrimonio cultural tiene una mayor dimensión que el interés comercial de una empresa privada.

En un comunicado del 16 de marzo pasado, el Gran Consejo Maya de Quintana Roo afirmó que fueron ellos quienes iniciaron la denuncia en 2022 contra Grupo Xcaret ante el Indautor por uso indebido de su patrimonio cultural, tras lo cual la autoridad ordenó retirar materiales y frenar servicios; no obstante, señaló que, durante el procedimiento, dialogó con la empresa y firmó un contrato de transición, por lo que se desistió del caso, decisión aceptada el 18 de agosto de 2023.

Sin embargo, el proyecto de la ministra Ríos no menciona dicho desistimiento; indica que otros integrantes de la comunidad maya promovieron el recurso y sostiene que el GCM no podía autorizar a Grupo Xcaret el uso de ese patrimonio, al pertenecer a más de mil 21 comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.