La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros impugnará la recién aprobada reforma al artículo 127 constitucional, que elimina las pensiones millonarias de ex funcionarios de empresas paraestatales, banca de desarrollo y otros organismos públicos, al establecer un límite a esos ingresos.

Los inconformes protestaron en instalaciones de la Torre Ejecutiva de Pemex para exigir respeto al incremento salarial de 4.5 por ciento para trabajadores activos y jubilados, acuerdo previamente establecido por la empresa estatal con el sindicato mayoritario.

Silvia Ramos Luna, de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización de la unión, afirmó que la iniciativa en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, aprobada la semana pasada por el Senado, incluye a los técnicos y profesionistas de Pemex en la misma situación que quienes, con complicidades de gobiernos anteriores, fueron favorecidos con pensiones exorbitantes.

Sin embargo, aclaró que ellos no tienen “pensiones doradas” ni son trabajadores de confianza. “Muchos de nuestros compañeros están retirados y ahora resulta que van a recibir menos dinero. Son derechos adquiridos y se están violando las garantías humanas de los técnicos y profesionistas petroleros”.

En entrevista con La Jornada, Martín Ruiz Gámez, secretario general de la unión de trabajadores, señaló que “la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está fijando un tope salarial mensual de 50 por ciento de lo que ella cobra, pero no es lo mismo lo que ella hace a lo que realizan nuestros profesionistas petroleros en activo. Es una tristeza ver que trate así a nuestros compañeros jubilados, porque ellos en su momento generaron la riqueza para el país”.

De acuerdo con datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en Pemex hay un padrón de 22 mil 316 jubilados del régimen de confianza, cuyo costo anual asciende a 24 mil 844 millones de pesos, y dentro de ese universo 618 pensiones superan el monto anual bruto que recibe el director general de la paraestatal.

Los manifestantes instalaron un templete afuera del edificio y cerraron avenida Marina Nacional desde las 8 de la mañana. Hasta el cierre de esta edición, alrededor de 50 agremiados permanecían para pernoctar en el lugar.

El pasado 15 de octubre, Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana acordaron un incremento de 4.5 por ciento como parte de la revisión del contrato colectivo.

Para la unión de trabajadores, el aumento salarial debe aplicarse de manera equitativa a todos, como se ha hecho en años anteriores, sin distinción de representación gremial. Por ello consideran que la exclusión constituye un acto de discriminación laboral y sindical.

Al respecto, Ruiz Gámez reiteró que Pemex está incumpliendo el compromiso de otorgar el incremento salarial “con el pretexto” de que no hay dinero.