La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer la extinción de 109 fondos y fideicomisos del gobierno federal, derivada del decreto del Congreso de la Unión del 6 de noviembre de 2020.

No obstante, ministros hicieron pronunciamientos en los que llamaron al Ejecutivo federal a mantener una “garantía presupuestaria” a los sectores afectados por esta medida.

La desaparición de estos instrumentos, como los fondos de Desastres Naturales (Fonden) y de Inversión y Estímulos al Cine y de fideicomisos de ciencia y tecnología, fue impulsada por Morena para permitir al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador disponer de más de 68 mil millones de pesos para hacer frente a la pandemia de covid-19.

Por mayoría de votos, el pleno aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, quien declaró infundada la acción de inconstitucionalidad 303/2020, promovida hace cinco años por 45 senadores de oposición.

“Eran mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo para distribuir el gasto público, no garantías esenciales de derechos. Su desaparición o modificación no elimina las obligaciones estatales, sólo modifica la vía para cumplirlas sustituyéndolas por mecanismos presupuestarios directos u otros procesos; asimismo, el análisis descarta afectaciones a garantías fundamentales, pues diversas leyes reformadas prevén que las dependencias correspondientes deben seguir financiando las mismas finalidades con cargo a sus respectivos presupuestos”, dijo el ponente.

El alto tribunal declaró infundada la acción al concluir que no se presentaron irregularidades graves en el procedimiento legislativo, que la decisión del Congreso se sustentó en una motivación ordinaria suficiente y que no hubo violaciones a los derechos fundamentales de la población.

Durante el debate, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó: “esta Corte no es ajena a que se requiere de estas garantías presupuestarias para hacer frente de mejor manera en favor de algunos derechos humanos”.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía sostuvo que la Corte debe ejercer un control más estricto de los recursos para garantizar su uso eficiente y respeto al control democrático, ya que el principio de progresividad impide eliminar garantías presupuestarias sin justificación suficiente, al constituir un piso mínimo para los derechos.

Su par Lenia Batres Guadarrama advirtió que el gobierno federal llegó a tener más de 300 fideicomisos que concentraron unos 835 mil millones de pesos, muchos operados por particulares y bajo secreto fiduciario, lo que dificulta su fiscalización.

Citó transferencias del Conacyt por 41 mil 624 millones de pesos (2013–2018), irregularidades por más de 783 millones, uso de 4 mil 519 millones en bebederos con sobrecostos, desaparición de 800 millones en Veracruz (2014) y más de 25 mil millones acumulados en el Fonden.