Desde 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los poderes Ejecutivo y Legislativo han protagonizado distintos choques por el tema del presupuesto asignado al órgano y los salarios de sus 11 consejeros, actualmente de 262 mil pesos brutos mensuales.

Los argumentos se centran en dos enfoques: el INE es autónomo y, por tanto, puede distribuir su bolsa de recursos conforme a la decisión de sus áreas, y en el contexto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, adujo que el sueldo del titular de la Presidencia de la República no está claro.

A su juicio, deben contabilizarse otros apoyos, como el costo del sitio en que vive en Palacio Nacional ahora la mandataria Claudia Sheinbaum, así como otros gastos relacionados con esa circunstancia.

Los consejeros, al igual que los principales directivos del instituto, perciben sueldos superiores al de la Presidenta de la República, quienes deberán ajustar sus ingresos a no más de 134 mil pesos mensuales, de aprobarse la nueva iniciativa en materia político-electoral enviada ayer al Senado.

En ese grupo están los 11 consejeros (aunque a su llegada, en 2023, la titular del INE, Guadalupe Taddei, solicitó un sueldo menor), así como los funcionarios que integran la Junta General Ejecutiva del instituto: titulares y encargados de oficinas, como la Secretaría Ejecutiva; direcciones; unidades técnicas y coordinaciones nacionales.

Todos los trabajadores del órgano comicial (unos 18 mil) tienen prestaciones superiores a las de la ley, como seguros de gastos médicos mayores.

El tema de estas nóminas fue expuesto durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien criticó que la autonomía se utilizara para dar privilegios.

Frente a uno de los recortes, en momentos en que se tenía que preparar la consulta de revocación de mandato, el INE interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional; la resolución de los ministros fue en el sentido de que la Cámara de Diputados analizara de nuevo el punto y justificara el monto de manera clara, técnica y objetiva.

El instituto señaló que los ajustes afectaban los derechos de la ciudadanía, porque se instalarían menos casillas por falta de dinero. Sobre las remuneraciones, apuntó que están protegidas por criterios constitucionales.

“No es un asunto de privilegios, sino de autonomía e independencia de la función electoral”, declaró el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova.