Con la documentación exhibida por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, no hay evidencia de que le negara la demolición del edificio de avenida San Antonio Abad número 124, que se derrumbó el 9 de marzo pasado y que cobró la vida de tres trabajadores y dejó lesiones en uno más.

El documento al que hizo referencia la funcionaria tuvo como asunto la “prevención” para el cumplimento de trámites y no rechazar la demolición, de acuerdo con los 10 puntos que se detallan en el oficio con folio CDMX/AC/DGODU/DMLCyDU/1346/2025.

En el citado documento de repuesta, a la empresa Fideicomiso 777 se le solicita para la autorización la constancia de alineamiento con la firma del DRO, el visto bueno del gerente de obras y mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el dictamen del estudio de impacto urbano, la declaratoria de cumplimiento ambiental, el proyecto de protección a colindancias, entre otros requisitos.

Pese a estas inconsistencias, la empresa fue respaldada por el Gobierno de la Ciudad de México, que bajo el acuerdo de “facilidades administrativas”, que es una excepción a la ley para los edificios dañados por sismos, inició la demolición que provocó fatales consecuencias, expuso la alcaldesa.

Rojo de la Vega aseguró que al permitir la demolición, la Secretaría de Vivienda, a cargo de Inti Muñoz, tenía como obligación estar atenta a la obra; “ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad”, expuso.

Asimismo, detalló que hay 17 obras que se están trabajando bajo este mismo acuerdo de facilidades administrativas y en seis les han impedido realizar las verificaciones.

La alcaldesa de Cuauhtémoc manifestó que tiene 456 verificaciones pendientes de ejecutar debido a los problemas que enfrenta la demarcación por la restructuración del Instituto de Verificación, que incluso redujo a la mitad a los autorizados en la demarcación de 12 a seis.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, expresó que “llaman la atención las inconsistencias” que presenta uno de los documentos exhibido por la alcaldesa, lo cual, precisó, no significa que la alcaldía haya alterado documentos.

Confió en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia tras el derrumbe y manifestó que estará pendiente a cualquier requerimiento de la institución, así como de la Contraloría General. Insistió en que es potestad exclusiva de las alcaldías verificar las disposiciones legales y administrativas en materia de construcción y demoliciones.

“De nuestro lado no hay ningún ejercicio de echarse la bolita” porque, dijo, las facilidades administrativas para obras relacionadas con la reconstrucción han estado en todo momento apegadas a la normatividad.

Expuso que así como en el inmueble de San Antonio Abad se tiene la documentación y el registro de procesos de verificación, implementados por la alcaldía, en Ámsterdam 49, en Sonora 141, en avenida México 117 y en Antonio Solá 71; obras que fueron visitadas y verificadas por las autoridades de la demarcación.