El artista y docente Leopoldo Hernández Castellanos, conocido como Polo Castellanos, fue citado a declarar el próximo jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de testigo, pese a que en junio de 2025 presentó una denuncia formal ante la misma instancia por un presunto fraude cometido en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Según sus abogados, esta situación refleja que la querella que él interpuso no ha prosperado.

Castellanos denunció que el Inbal emitió comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), conocidos como “timbrados”, a su nombre durante todo 2024, correspondientes a un salario que nunca recibió, pues jamás estableció relación laboral con esa dependencia.

Los CFDI son documentos que las instituciones deben registrar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acreditar pagos de nómina. En el caso del artista, se generaron timbrados mensuales por más de un año sin que él percibiera los recursos, lo que le ha generado un saldo negativo.

En entrevista con este diario, Castellanos informó ayer que sus abogados explicaron que su comparecencia como testigo podría estar vinculada con una denuncia que el propio Inbal presentó ante la FGR, no a la carpeta de investigación que él inició. “Mi denuncia sigue empantanada en la fiscalía local”, asumió.

El caso de esta posible actividad ilícita en el interior del Inbal fue dado a conocer ayer por La Jornada, al detallar que la Escuela de Iniciación Artística 1 (EIA1) mantuvo a Castellanos dado de alta en su nómina de febrero de 2024 a abril de 2025, emitiendo CFDI mensuales en su nombre, pese a que no laboró en ese plantel.

De acuerdo con la denuncia del artista, los comprobantes habrían sido cobrados mediante cheques con su firma falsificada, situación que fue ratificada por las autoridades de la dependencia en un oficio emitido el año pasado. La falsificación de su firma también se hizo con la renovación de su contrato y de una supuesta renuncia a ese centro educativo, precisó Castellanos.

En la misma nota publicada en estas páginas se incluyó el testimonio de una maestra que pidió permanecer en el anonimato, quien afirmó que estas irregularidades no son casos aislados. Según su relato, ella misma fue incluida en la nómina seis meses antes de comenzar a laborar de manera oficial y en un centro diferente al que, finalmente, fue contratada.

También se publicó la postura de la Secretaría de Cultura, en la que se consigna que el Inbal informó que en abril de 2025 comenzó una revisión interna y presentó una denuncia ante la FGR, instancia a la que corresponde investigar los hechos.

Agregó que colabora en la integración de la carpeta y que, por “sigilo procesal”, no puede proporcionar más detalles. La dependencia reiteró su compromiso con “la legalidad y la cero tolerancia a la corrupción”.

Otro hallazgo

Uno de los elementos documentados en la investigación es un oficio interno del Inbal, fechado el 15 de abril de 2025, dirigido a José Heriberto Cortés Escobedo, administrador de la EIA1, y firmado por Héctor Hernández Espinosa, de la Subdirección General de Administración.

En el documento se instruye cancelar “de forma inmediata los timbrados” correspondientes a Polo Castellanos. También se advierte que se iniciaría una investigación y se aplicaría una multa mínima de 400 unidades de medida y actualización –equivalentes a aproximadamente 45 mil pesos en ese momento– a los responsables.

Castellanos recordó que el mismo 15 de abril de 2025, horas después de la emisión del oficio, Cortés Escobedo se lo mostró durante una reunión en la EIA1. Según el artista, no pudo obtener una copia porque se le informó que se trataba de un documento interno. Una copia de éste fue remitida a Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Pese a la instrucción de cancelación inmediata, los CFDI continúan vigentes ante el SAT, aseguró ayer el artista y docente.

“La última vez que le pregunté a mi contadora fue el pasado diciembre y seguían ahí; hoy (16 de marzo) confirmamos que continúan. Nunca los cancelaron”, declaró Castellanos, quien precisó que el último comprobante corresponde a abril de 2025, “pero todos los timbrados acumulados permanecen activos”, lo que afecta su situación fiscal.

“Hubo una instrucción oficial y no se cumplió. Ahí está el asunto”, subrayó el agraviado, quien denunció que un amigo suyo –gestor cultural y comunicador– que se ofreció a llevar el caso a periodistas cercanos a la conferencia matutina presidencial para dar visibilidad nacional, fue bloqueado de inmediato en sus cuentas de WhatsApp, Instagram y TikTok después de hacer la gestión.

“Cuando me quiso contestar, le habían bloqueado el teléfono. Intentó mandar la captura de pantalla de la conversación y le bloquearon incluso la imagen”, relató Castellanos, quien consideró que estos hechos, en el contexto de su denuncia contra el Inbal, “se están poniendo color de hormiga”.

Comunicado del instituto

En un comunicado emitido anoche, el Inbal ratificó lo informado por la Secretaría de Cultura a La Jornada respecto de las denuncias relacionadas con la EIA1, y reiteró que se tomaron “las medidas correspondientes” ante el órgano interno de control y que se presentó una denuncia ante la FGR.

Destacó que “no se cuenta con elementos que indiquen que estos hechos se repitan en otros centros de trabajo del instituto”.

Reafirmó su política de “cero tolerancia ante la corrupción” en sus espacios y se comprometió a informar los resultados de estas investigaciones en cuanto “sea factible hacerlo”.