La inclusión de dos datos en la credencial para votar provocó un debate en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de los alcances –o limitaciones– posibles cuando el ciudadano pida que en la mica se agregue la autoidentificación como persona indígena o afromexicana, y/o la identidad de género (hombre, mujer o no binaria).

En el proyecto aprobado se advierte que con ello no se garantiza, por ejemplo, obtener una candidatura (bajo el criterio de pertenecer a grupos históricamente vulnerables), sino que sólo se trata de un elemento de reconocimiento de identidad.

Otros elementos no fueron incluidos, a pesar de la petición reiterada de la ciudadanía.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, explicó que la autoidentificación indígena o afromexicana es un dato declarativo, voluntario y sin efectos jurídicos diferenciados.

“Su incorporación no modifica las reglas de elegibilidad, votación ni integración en el padrón electoral; es decir, este proyecto no crea derechos políticos electorales nuevos ni altera a los ya existentes. Únicamente fortalece el reconocimiento de derechos de identidad, igualdad y no discriminación, así como el de inclusión”, expuso.

En cuanto a otras propuestas, puntualizó que es necesario esperar a que el sector salud homologue el certificado de discapacidad, mientras la leyenda de donador de órganos excede a las facultades del INE, pues corresponde al ámbito médico y la bioética, de competencia exclusiva de la Secretaría de Salud. Asimismo, el sistema braille no se puede incluir por razones del material de la mica y el espacio disponible en la misma.

Respecto al primer punto, el consejero Uuc-kib Espadas dijo que no corresponde al INE decidir anticipadamente el alcance de las novedades.

“Dejémosla en que es una declaración. Punto. Los efectos corresponden a los tribunales, la Corte y a órganos internacionales. El INE no puede declarar supresión de derechos.”

Remoción de funcionarios electorales locales

En la sesión también se dio una larga discusión por un proyecto de remover a la presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González; al final, en votación mayoritaria, se determinó no quitar a la consejera, acusada por instancias administrativas de negligencia y de presuntas compras irregulares por 10 millones de pesos.

Tampoco procedieron solicitudes respecto a remover a consejeros de Chihuahua y Guerrero, pero sí al presidente del Instituto Electoral de Baja California Sur, Alejandro Palacios, por obtener recursos de actividades docentes.

Los consejeros se dividieron ante el tema Oaxaca; los que no estuvieron de acuerdo con la remoción advirtieron que el procedimiento estaba en curso y mientras no existiera una resolución definitiva el INE no podría proceder.

El tema toma relevancia, además, porque según la iniciativa de reforma electoral, desechada el miércoles en la Cámara de Diputados, se proponía quitar al INE este tipo de atribuciones respecto del ingreso o salida de consejeros locales.

En otro asunto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al PRI sustituir un promocional en el que alude al gobierno de Nuevo León, porque a decir de Movimiento Ciudadano el mensaje contiene calumnias y una grabación apócrifa e ilegal, con la intención de asociar su imagen con situaciones negativas.