De última hora –incluso en las horas previas a la votación de sanciones– varios partidos políticos presentaron al consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) “adendas y erratas” para que los asuntos que derivaron en proyectos de multas millonarias fueran trasladados a procedimientos de investigación (los cuales pueden durar años), o que se llevaran a revisión documental, denominado “seguimiento”.

La propuesta original era imponer multas en total por 706.9 millones de pesos, por irregularidades detectadas –en conjunto– dentro de 553 informes de siete partidos políticos nacionales y de 105 partidos locales.

Por ejemplo, el Partido del Trabajo (PT), con una propuesta de sanción total de 215 millones 41 mil 279 pesos, la cantidad más alta de la lista, argumentó que su dinámica interna, de reuniones periódicas de los dirigentes estatales, pidió incluso una mesa de trabajo para “avanzar hacia el entendimiento compartido” de esta vida interna que le genera una alta cantidad de gastos de viáticos de un par de centenas que vuelan a la Ciudad de México para los encuentros de los liderazgos petistas.

Jaime Rivera, presidente de la comisión de Fiscalización del INE, puntualizó que ayer recibió 14 carpetas con adendas y erratas, y de admitirlas, las sanciones “se modificarían muy sensiblemente a la baja”.

Sin embargo, destacó que los principales conceptos de conductas sancionadas son precisamente egresos no comprobados y egresos no reportados (en conjunto, 45 por ciento del total general).

Luego, la consejera Carla Humprhey precisaría que hay distintas sanciones por no destinar el dinero establecido para la capacitación y desarrollo político de las mujeres.

Rivera hizo referencia a otra argucia partidista consistente en no comprobar gastos y luego alegar que los proveedores no les han devuelto el dinero o los documentos relativos a un servicio no otorgado.

No obstante, el consejero del INE hizo énfasis en el incumplimiento de los partidos, mismos que tuvieron mucho tiempo para entregar pruebas en las audiencias respectivas.

“Los partidos contaron con 60 días para presentar su informe, y nueve meses después de la revisión por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, los mismos gozaron de la garantía de audiencia, donde tuvieron una nueva oportunidad de solventar. Esa es la razón de que los informes terminan por revisarse casi un año después del ejercicio en cuestión.

En todos los casos se gozó de la garantía de audiencia”, subrayó.

Esta práctica, agregó, cuando se adopta con poca mesura, podría viciar los dictámenes. La práctica de revisiones a última hora crea incentivos viciosos”, agregó.

Es una práctica incorrecta, alega consejero

A su vez, el consejero Arturo Castillo dijo que hay una “cantidad gigantesca de adendas y erratas”, lo cual es una “práctica incorrecta”; igualmente indicó que el intento de pasar todo gasto no comprobado a cuentas por cobrar tampoco es posible.“No puedo aceptar ese nivel de generalidad”, dijo.

Otra estrategia partidista fue señalar que se necesitaba verificar los comprobantes digitales fiscales; Castillo mencionó al respecto cuatro asuntos (de los partidos PAN, PT, Verde y Movimiento Ciudadano) que podrían ser sujetos de una revisión de última hora, pero no todos los solicitados, sobre todo por el PT, que de nueva cuenta tuvo problemas para comprobar el gasto de boletos de avión.

Señaló, por ejemplo, que hay un asunto del PRI en el que supuestamente se gastó para presentar documentos básicos a la militancia, cuando la indagatoria sugiere que presentaron pruebas relacionados con actos distintos.

Finalmente, en votaciones divididas, los consejeros admitieron los argumentos de los partidos en distintos casos, por lo que las multas totales referidas serán ajustadas a la baja, en reducciones aún no calculadas.