A un año del hallazgo de cientos de objetos personales y prendas de vestir por el colectivo Guerreros Buscadores en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó omisiones de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que ocasionaron violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia.

El organismo nacional solicitó a los titulares de la FEJ y del IJCF realizar, en un plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública; además de que planteó se inicien procesos administrativos contra funcionarios responsables.

En la recomendación 11/2026, el organismo nacional documentó que desde septiembre de 2024 había evidencias, vehículos y armas de fuego sin dictámenes periciales, el retraso en la comparación de muestras genéticas con bases de datos de familiares de personas desaparecidas durante varios meses y mil 842 indicios publicados en el página de Internet oficial del IJCF, sobre los cuales no se aseguró la cadena de custodia.

La información recabada señala que el personal de la FEJ y el IJCF omitió el procesamiento técnico inte-gral de las evidencias, lo que incluyó fallas en la identificación, documentación, embalaje y traslado, ni aseguró adecuadamente el predio señalado como centro de reclutamiento forzado del cártel Jalisco Nueva Generación, según denunciaron los colectivos de buscadores.

La recomendación no incluye a la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que el 25 de marzo de 2025 –unos días después del hallazgo– tomó el control de las investigaciones, aun cuando esta institución organizó un recorrido masivo en el lugar.

De hecho, la CNDH mencionó que el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de personas al inmueble y aunque se pretendió realizar de manera controlada y restringida, “debido al número considerable de participantes se perdió el control del área, lo que derivó en la alteración del lugar y de los indicios que potencialmente podían encontrarse ahí”.

Esta situación “evidenció deficiencias en la preservación del inmueble y en la conducción de las diligencias ministeriales, responsabilidad de la FEJ”, enfatizó. La CNDH atrajo las indagatorias el 18 de marzo de 2025 por presuntas violaciones a derechos humanos. Su personal acudió al lugar el 19 y 20.