Un grupo de 24 entidades de Estados Unidos demandó al gobierno encabezado por el presidente Donald Trump, en la primera impugnación legal contra nuevos aranceles globales de 10 por ciento, alegando que el republicano no puede eludir una reciente sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que invalidó la mayoría de los anteriores impuestos a los productos importados.

Estados gobernados por los demócratas, entre ellos Nueva York, California y Oregón, sostienen que las nuevas tarifas, que Trump anunció inmediatamente después de la sentencia del alto tribunal del 20 de febrero, también son ilegales.

Los aranceles fueron impuestos por 150 días en virtud de la Ley de Comercio de 1974, que tiene por objeto hacer frente a emergencias monetarias a corto plazo, y no a los déficits comerciales habituales que hay cuando una nación rica como Estados Unidos importa más de lo que exporta, según la demanda presentada por los estados ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Nueva York.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, dijo durante una rueda de prensa que los nuevos aranceles de Trump son un intento de “eludir” la colaboración con el Congreso, como lo exige la Constitución.

“La política económica característica del presidente Trump es históricamente impopular y está costando a los estadunidenses, a nuestras empresas y a nosotros como estados cientos de miles de millones de dólares –dijo Rayfield–. No puede continuar sólo porque unos cuantos abogados de Trump hayan encontrado la manera de tergiversar las palabras y elaborar un argumento legal”.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en un comunicado que el gobierno defenderá enérgicamente la acción del presidente.

La Corte de Comercio Internacional en Nueva York, que conocerá la demanda, resolvió el año pasado –cuando anuló los aranceles por poderes de emergencia– que Trump no los necesitaba porque la sección 122 era aplicable para combatir los déficits comerciales.

Trump cuenta con otras facultades legales que puede usar para imponer aranceles, y algunas ya han superado pruebas en los tribunales. Los gravámenes que Trump aplicó a las importaciones chinas durante su primer mandato en virtud de la sección 301 de la misma ley comercial siguen vigentes.

También se sumaron a la demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.