l órgano de administración judicial federal dictó el acuerdo general AG-PAJ-002/2026, (diario oficial de la federación 11/02/2026). El artículo 58 refiere: “Ninguna persona que asista a las audiencias podrá grabarlas a través de cualquier medio tecnológico”. Con independencia de que el asistente las retransmita y se graben o vean fuera de la audiencia, se limita el acceso a la información pública.
Los juzgadores, como entes públicos, tienen limitada la protección de datos personales. Su imagen y nombre deben estar disponibles, incluso sin la celebración de audiencias. No se requiere su autorización para ello. Menos cuando los juzgadores llegaron al cargo tras una campaña electoral: por publicitarse con nombre e imagen fueron elegidos, acordeones o compadrazgos propios o familiares aparte. Si el argumento para prohibir grabar es que se protejan los datos personales de quienes participan en las audiencias públicas, bastaría el consentimiento de los participantes para que tal prohibición sea innecesaria.
La audiencia pública permite la comparecencia de cualquier ciudadano, a diferencia de las reservadas. Es contradictorio que una persona pueda ver el desempeño judicial y que se limite la posibilidad de que se exponga en redes sociales el momento exacto del acierto o la pifia judicial. Más que proteger a las partes del juicio, parece que se busca resguardar a los nuevos jueces del golpeteo en redes sociales cuando cometen errores. El acuerdo conlleva una presunción de que el mal desempeño de los nuevos jueces debe ser encubierto, en lugar de establecer que habrá algunos jueces nuevos que merecen mostrar al público su buen trabajo. Lo cual es más adecuado al aspecto electoral de quienes no obtuvieron el cargo en concurso de oposición: los videos de su desempeño son una rendición de cuentas para el electorado.
Tal acuerdo puede asociarse a la destrucción de millones de boletas electorales judiciales sin usar, más las fallas detectadas por la auditoría superior de la federación respecto de la elección judicial (La Jornada, 17/02/26). Además de los cientos de millones de pesos desperdiciados, es un indicio más de un proceso electoral judicial sin supervisión mínima. Si tal elección parece haberse convalidado internamente, no es así a nivel internacional.
Más allá de los cotidianos escándalos de inexperiencia judicial, lo que supuestamente se acabaría con la elección de jueces nuevos, está la posibilidad de que, mediante la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el trámite presentado contra la reforma judicial y los cambios a la Ley de Amparo, la elección judicial quede sin efecto. Lo cual también puede suceder por el señalamiento de la justicia laboral en el T-MEC. Si en el senado se habla ya de suspender la elección judicial del 2027 y de regresar a la carrera judicial para ser juzgador, se abre la posibilidad de que vuelvan los jueces que salieron por la tómbola judicial. En tal escenario, la falta de transparencia no es la mejor opción. Lo mismo sucede con los jueces nuevos que acotan derechos laborales y personales de sus trabajadores: horarios excesivos, afectar aspectos personales, procedimientos administrativos caprichosos, etc. Es el momento de mostrar las fortalezas judiciales, de haber, no que se restringa publicidad a las audiencias, como si no hubiera un solo juez que pudiera dar la cara por su desempeño, tras ser candidato. Además, si la voz ciudadana expresada en redes da forma a una sociedad participativa, la prohibición de grabar el desempeño judicial toca la libertad de expresión.
Se acercan las evaluaciones de los nuevos jueces. Éstas deben ser públicas y mostrarse para dar al público y a los trabajadores judiciales la posibilidad de impugnarlas. Si el nuevo juez no cumple con los requerimientos del cargo, debe ser removido, no solapado en sus faltas jurisdiccionales y laborales (como patrón sustituto con sus trabajadores).
La transparencia y la rendición de cuentas podrían ser las únicas armas del órgano de administración judicial para afrontar a los políticos del partido en el poder que hacen eco del descontento de los usuarios para establecer que no habrá elección judicial en el 2027. Y los jueces sin examen de oposición deben mostrar que han superado a sus antecesores en desempeño y respeto a los derechos laborales. Lo contrario sería evidenciar la falla de esta administración en una de sus apuestas mayores, con el costo político para esos nuevos jueces y los políticos atrás de la reforma judicial. Como si el ejecutivo federal no tuviera suficientes frentes abiertos que resolver, empezando por las imputaciones de Trump de un narcoestado mexicano o el impacto de la reforma judicial en las inversiones nacionales.
***
Escuche los podcasts “Miike y Shakespeare” y “Crispin político” en “Literatura y derecho” de Ricardo Guzmán Wolffer en Spotify y plataformas afines.
