a Presidencia de la República envió ayer a la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma 11 artículos de la Constitución en materia electoral. Entre los principales cambios del texto que ya fue remitido a comisiones se encuentran reducir de 128 a 96 el número de senadores, modificar el mecanismo de elección de 200 diputados de representación proporcional a fin de “atender la crítica social a la designación cupular de los legisladores plurinominales al margen de la voluntad de la militancia y de la ciudadanía”; modificar la fórmula con la que se calcula el presupuesto de los partidos políticos para reducir en 25 por ciento estas asignaciones; prohibir a partidos, precandidatos y candidatos “recibir o ejercer para sus actividades o campañas electorales, gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera o de personas que residan fuera del territorio nacional”; obligar a los mismos actores a reportar al Instituto Nacional Electoral todos sus ingresos, egresos y demás operaciones financieras; limitar los sueldos exorbitantes de los funcionarios comiciales y reconocer el derecho de los municipios a organizar consultas populares referendos, plebiscitos y otros mecanismos de democracia directa, entre otras medidas.
Se trata, en suma, de “ajustar los mecanismos electorales a los desafíos contemporáneos como altos costos, complejidad administrativa, riesgos de financiamiento, duplicidad de funciones y exigencias de mayor participación ciudadana”, como explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Puesto que se da por descontado el rechazo unánime de la oposición, la iniciativa arropada por el Movimiento Regeneración Nacional sólo podrá prosperar si cuenta con el respaldo de sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM). Sin embargo, hasta ahora la postura de dirigentes y legisladores de esas agrupaciones ha oscilado entre el regateo y la franca traición al programa de gobierno que suscribieron al coaligarse con Morena en las elecciones federales de 2024. En efecto, la principal diferencia entre la reforma que impulsa la presidenta Sheinbaum y las que se han efectuado en el pasado es que ésta no se elaboró de espaldas a la ciudadanía, sino que se presentó como parte de la plataforma de campaña y el proyecto de nación con que partidos y candidatos del oficialismo pidieron y obtuvieron el voto popular.
De este modo, el petismo y el pevemismo se encuentran en una clara disyuntiva: o renuncian a una parte de los privilegios y el poder cupular del sistema político-electoral heredado de las administraciones neoliberales a las que dicen repudiar, o faltan a su palabra y dan la espalda al clamor ciudadano que exige racionalizar el costo de la democracia. Los adalides del derroche pueden sacar la calculadora y mostrar que el gasto electoral representa una proporción mínima del presupuesto federal, pero esa visión simplista pasa por alto que el precio a pagar no se mide sólo en pesos, sino en desafección hacia las instituciones democráticas. En palabras de la mandataria, “en un país con tanto rezago social y necesidades básicas por atender, una democracia onerosa es un agravio para su población, un agravio que debilita su legitimidad y credibilidad”.
Cabe esperar de los legisladores una actuación acorde con los compromisos empeñados y no con sus intereses personales y facciosos, así como recordarles que su negativa a apoyar la reforma referida puede representarles una pérdida de votos mucho más cara que los recursos y las atribuciones antidemocráticas que se han empeñado en defender.
