n días recientes, el repunte de la violencia a lo largo y ancho del país, especialmente en la jornada posterior al operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, evidenció quizá con mayor claridad que nunca antes las dimensiones de la penetración del crimen organizado en el territorio mexicano. Se habla de por lo menos 20 estados afectados por la respuesta delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación, entre la que se cuenta desde bloqueos a vías de comunicación hasta ataques armados a fuerzas federales.
Uno de los estados que en los años recientes ha sufrido el incremento de expresiones de violencia, y donde pareciera que el crimen organizado disputa cada vez con mayor fuerza el control territorial, es Puebla. Su zona metropolitana, que históricamente ha sido considerada un lugar seguro, se ha visto afectada recientemente por numerosos hechos de violencia inédita que han puesto en jaque la percepción de seguridad entre la ciudadanía y dan cuenta de cómo la violencia asociada al crimen organizado ha venido penetrando una urbe que no solía caracterizarse por las expresiones de presencia de las redes de macrocriminalidad.
Entre los casos más relevantes ocurridos recientemente en la zona metropolitana de Puebla se encuentra la desaparición y asesinato de Alexandro Tello y Karina Ruiz el 19 de febrero, mientras se dirigían hacia la ciudad de Tlaxcala; el ataque armado cometido afuera del bar Sala de Despecho en la madrugada del 14 de febrero, en el que los jóvenes Joaquín Wirth, Gisele Ortiz y Emmanuel Esteban fueron asesinados; los diversos reportes de impactos de bala en automóviles particulares en distintos puntos del Periférico Ecológico y la Vía Atlixcáyotl, y el asesinato de un hombre y el hallazgo de otros dos cuerpos en la colonia Naciones Unidas esta misma semana, son hechos que se suman a otros ocurridos en el último año, como el ataque armado a una torre en la exclusiva zona de Sonata o los diversos hallazgos de cuerpos en inmediaciones de mercados locales, particularmente la fosa clandestina con restos humanos encontrada en el mercado Morelos de la capital del estado.
Todos estos casos de extrema violencia tienen correlato en las estadísticas que confirman el desarrollo de una dinámica preocupante en la ciudad. De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Puebla se ubica en el sexto lugar a escala nacional en incidencia delictiva al inicio de 2026, con un promedio de 207 crímenes al día.
Por su parte, la percepción de inseguridad en la ciudad de Puebla registró un alza de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, de diciembre de 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la que Puebla alcanzó el octavo lugar nacional con mayor percepción de inseguridad de entre más de 90 ciudades, con 84.5 por ciento de la población que afirma sentirse insegura.
Estos índices nos permiten clarificar el contraste existente entre los registros a la baja de algunas cifras delictivas en la entidad con el aumento de la gravedad de los hechos violentos reportados en la ciudad. Como hemos argumentado en otras ocasiones, la violencia se mide no sólo en función de la cantidad de hechos ocurridos, sino de la gravedad de los mismos, la crueldad utilizada y los impactos sicosociales generados. Los recientes casos acontecidos en espacios de alta concurrencia habilitan la preocupación de que los gobiernos pierdan el control de la seguridad pública de esta ciudad, tal como lamentablemente ya ha ocurrido en otros territorios.
Este tipo de hechos de extrema violencia, cuando no son debidamente esclarecidos y procesados judicialmente y quedan impunes, envían un mensaje de permisividad a la violencia y ponen a la sociedad en la peligrosa ruta de su normalización, y así es como la macrocriminalidad se va apropiando del control de una ciudad o territorio.
Por ello, si se quieren evitar escenarios de difícil retorno como los que persisten en ciudades como Culiacán, Irapuato, Uruapan, Matamoros o Reynosa, Puebla debe apostar por una política de seguridad pública estratégica a partir de las perspectivas de seguridad ciudadana y las experiencias de otros casos de éxito. Ciudades como Torreón y Monterrey demostraron que, cuando la ciudadanía, empresas y gobiernos suman esfuerzos para el diseño de estrategias de pacificación y seguridad pública, pueden lograrse resultados contundentes aun en entornos regionales complejos.
Francisco de Roux, jesuita que fuera presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia, nos aporta desde su experiencia una luminosa noción de lo que denomina “paz imperfecta”: una paz construida desde las bases y desde el reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, pero al mismo tiempo una paz que se sabe incompleta, vulnerable y perfectible.
Una paz que requiere no sólo de la ausencia de la violencia, sino de la presencia de instituciones sólidas que encarnen el Estado democrático de derecho y que garanticen la justicia y la verdad, junto al fortalecimiento del resto de instituciones sociales fundamentales para la construcción de paz, como son la familia, la escuela y la Iglesia. Aún estamos a tiempo, aunque los márgenes se van acotando. Puebla necesita dar un giro en su política de seguridad para que los hechos recientes no se conviertan en normalidad.
